Policiales | Detectaron equipos de grabación ocultos en la oficina del Gobernador, Rogelio Frigerio y otras dependencias clave. El Ejecutivo entrerriano habló de un hecho “de extrema gravedad” y aseguró que llegará “hasta el fondo” de la investigación.
Hallaron dispositivos de espionaje en oficinas oficiales y el Gobierno entrerriano denunció el hecho ante la Justicia.
Tras el descubrimiento de equipos de grabación ocultos en dependencias clave, entre ellas la oficina del Gbernador, se inició una denuncia penal y una investigación administrativa interna para determinar responsabilidades.
El Gobierno de Entre Ríos realizó una denuncia penal e inició una investigación administrativa interna luego de que este miércoles se detectaran dispositivos de grabación de audio y video ocultos en distintas dependencias oficiales, entre ellas la oficina del gobernador y la Secretaría General de la Gobernación.
Desde el Ejecutivo provincial calificaron el hecho como de extrema gravedad, al considerar que se trata de un delito que atenta contra la institucionalidad, la privacidad, la seguridad y el normal funcionamiento de las autoridades democráticamente electas.
En ese marco, se puso en conocimiento a la Justicia para que investigue quiénes colocaron los dispositivos y con qué finalidad.
Paralelamente, se dispuso una investigación administrativa interna con el objetivo de establecer responsabilidades y eventuales complicidades dentro de la estructura del Estado provincial.
A través de un comunicado oficial, el Gobierno sostuvo que “durante muchos años, en Entre Ríos se naturalizaron prácticas oscuras, de control y espionaje.
Ese tiempo se terminó”. En ese sentido, remarcaron que desde hace más de un año la provincia decidió “cambiar de rumbo, terminar con las mafias, con los sótanos del poder y con los mecanismos ilegales que operaban en las sombras”.
“No vamos a mirar para otro lado. No vamos a encubrir. No vamos a relativizar”, subrayaron desde el Ejecutivo, al tiempo que aseguraron que la investigación llegará “hasta el fondo” para determinar desde cuándo estaban instalados los dispositivos, a quién respondían y qué se hizo con la información obtenida.
Finalmente, el comunicado enfatiza que “la transparencia, la legalidad, la libertad y el respeto por las instituciones no se negocian” y que, tras “20 años de prácticas mafiosas enquistadas en el Estado”, Entre Ríos atraviesa un proceso de saneamiento profundo que, aseguraron, “no se va a detener”.
