Política | Con mayoría de votos, la Cámara Alta modificó artículos clave de la Ley Nº 10.746 sancionada en 2019. El debate reflejó posturas encontradas: oficialismo defendió la necesidad de agilizar causas pendientes, mientras que desde la oposición advirtieron sobre la reducción de participación ciudadana.
El Senado provincial sancionó este miércoles la modificación de la Ley Nº 10.746 de Juicio por Jurados, en lo que constituye la primera reforma desde su creación en 2019. La iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo y previamente aprobada en Diputados, obtuvo 14 votos afirmativos, 1 abstención (Martín Oliva) y 1 voto negativo (Patricia Díaz).
La norma reformada establece que deberán ser obligatoriamente juzgados por jurados aquellos delitos cuya pena máxima en abstracto supere los 20 años de prisión o reclusión, junto con los delitos conexos.
Además, se prevé que en casos de concurso de delitos, la integración por jurados será obligatoria si al menos uno de ellos alcanza esa escala penal.
También se incorporaron disposiciones sobre remuneración, gastos y la conservación del cargo de quienes resulten designados como jurados titulares o suplentes.
Durante el debate, los Senadores que acompañaron el proyecto defendieron la necesidad de destrabar más de 190 causas pendientes y garantizar un acceso más rápido a la Justicia.
El Senador Rafael Cavagna (Nogoyá – JxER) destacó que “se trata de un paso transitorio y perfectible, que busca dar celeridad sin vulnerar garantías constitucionales”.
En la misma línea, el Senador Cosso señaló que la reforma atiende a estándares internacionales y que se seguirá de cerca su aplicación.
En contraste, Martín Oliva (Concordia – PJ) se abstuvo de votar al considerar que la modificación “reduce la competencia del juicio por jurados y le resta participación ciudadana”, mientras que la Senadora Patricia Díaz (La Paz – Más para Entre Ríos) votó en contra, argumentando que el cambio “significa un retroceso en un derecho adquirido desde la recuperación democrática”.
La reforma, según sus impulsores, busca dar una respuesta inmediata a la acumulación de juicios pendientes, aunque no cerró el debate sobre el equilibrio entre eficiencia judicial y la participación ciudadana en los procesos penales.
