Judiciales | La Cámara de Casación Penal dejó firmes las resoluciones que descartaron nulidades y avaló la continuidad de la investigación iniciada por Fabiola Yáñez contra Alberto Fernández
La Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisible un recurso de queja presentado por la defensa de Alberto Fernández y dejó firmes las resoluciones que rechazaron nulidades en la causa iniciada por Fabiola Yáñez por presunta violencia de género. La decisión implica un nuevo aval al avance de la investigación en los Tribunales Federales.
La resolución fue dictada por la Sala II del Tribunal, integrada por los Jueces Guillermo J. Yacobucci y Alejandro W. Slokar, quienes consideraron que la presentación directa de la defensa no superó el umbral mínimo de admisibilidad.
Según señalaron, el planteo no reunía los requisitos técnicos necesarios para habilitar su tratamiento. En esa línea, los magistrados sostuvieron que el recurso no contenía una crítica concreta y razonada respecto de los fundamentos expuestos por los tribunales inferiores.
Esas instancias ya habían rechazado los pedidos de nulidad formulados por la defensa, orientados a invalidar distintos actos procesales y elementos probatorios incorporados al expediente.
Casación ratificó la validez de lo actuado y remarcó la obligación del Estado argentino de investigar los hechos denunciados en el marco de los compromisos internacionales en materia de derechos de las mujeres.
Entre ellos, mencionó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención de Belém do Pará, que exigen políticas activas frente a la violencia de género.
En el mismo expediente, el Juez Federal Daniel Rafecas ya había desestimado planteos de nulidad impulsados por la defensa del exmandatario.
Esos intentos buscaban dejar sin efecto pruebas consideradas centrales para determinar si existieron los hechos denunciados. Tras esas decisiones, la defensa acudió a instancias superiores con recursos que ahora quedaron definitivamente cerrados.
Con el pronunciamiento de Casación, se clausura una nueva vía de revisión y se despeja el camino para que la causa continúe sin alteraciones sobre lo resuelto hasta el momento.
El fallo reafirma la obligación del Estado de investigar con debida diligencia las denuncias por violencia de género, en cumplimiento de los tratados internacionales suscriptos.
Mientras el expediente avanza en la órbita federal, el caso se inscribe en un contexto de creciente judicialización de denuncias que involucran a figuras públicas.
La resolución se suma a una línea de fallos que consolidan la perspectiva de género como criterio central en la actuación de los tribunales nacionales, especialmente en causas vinculadas a violencia contra las mujeres.
