Política | La nutricionista Andrea Graciano compartió con FM RIEL un documento en el que entidades académicas, médicas y de la sociedad civil rechazaron el proyecto de derogación de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable y reclamaron al Congreso preservar la normativa.
Andrea Graciano defendió la Ley de Etiquetado Frontal y cuestionó el intento de derogación. La nutricionista y docente de la UBA compartió con FM RIEL la declaración de organizaciones científicas, académicas y de la sociedad civil que reclamaron al Congreso rechazar el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo Nacional.
Graciano, Coordinadora de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Buenos Aires (CaLiSA Nutrición UBA)”, es una de las principales referentes en la promoción de la Ley de Etiquetado Frontal en Argentina, adhirió a la declaración elaborada por organizaciones de la sociedad civil, entidades científicas y académicas en defensa de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable (Ley 27.642), ante el avance de un proyecto que propone su derogación.
En el documento, las entidades firmantes expresaron un fuerte rechazo a la iniciativa enviada al Congreso por el Poder Ejecutivo Nacional y reclamaron a legisladores nacionales votar en contra de cualquier intento de eliminar la normativa. “La Ley PAS tiene como objetivos garantizar el derecho a la salud, a la alimentación adecuada e información de toda la población y promover la prevención de la malnutrición y la reducción de enfermedades crónicas no transmisibles”, señala el texto difundido por Graciano.
Las organizaciones remarcaron que el etiquetado frontal permite brindar información “rápida, accesible y clara” sobre nutrientes críticos presentes en los alimentos ultraprocesados, favoreciendo decisiones de consumo más conscientes y transparentes.
El documento advierte además sobre la compleja situación alimentaria que atraviesa Argentina y la región. Según los datos citados, el país presenta una de las tasas más elevadas de sobrepeso infantil en menores de 5 años, con un 12,6%, mientras que la obesidad en adultos supera el 25%.
También se alertó sobre el elevado consumo de productos ultraprocesados. En niños, niñas y adolescentes, más del 35% de las calorías diarias provienen de este tipo de productos, mientras que en adultos representan el 29% de la ingesta calórica.
En contrapartida, el consumo de frutas y verduras continúa muy por debajo de las recomendaciones nutricionales, alcanzando apenas el 20% de los niveles aconsejados en menores.
Las entidades sostienen que la alimentación no saludable es uno de los principales factores que favorecen enfermedades crónicas no transmisibles como obesidad, diabetes e hipertensión, y destacaron que numerosos países de América Latina avanzaron en sistemas de etiquetado frontal para advertir de manera clara el exceso de azúcares, sodio, grasas y calorías en los alimentos industrializados.
En la declaración también se recordó que la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable fue producto de un extenso debate legislativo y contó con amplio respaldo político. En el Senado obtuvo 64 votos afirmativos y solo 3 negativos, mientras que en Diputados fue aprobada con 200 votos a favor y 22 en contra. Las organizaciones aseguraron que ya existen estudios que demuestran la efectividad de la norma.
Investigaciones impulsadas por UNICEF y FIC Argentina reflejaron una disminución en la percepción de productos considerados saludables cuando presentan sellos de advertencia, además de una menor intención de compra en alimentos como yogures, cereales y jugos.
Asimismo, un estudio del Ministerio de Salud realizado en 2023 indicó que el 43% de la población afirmó tener en cuenta los sellos al momento de comprar alimentos. A su vez, investigaciones de la Federación Argentina de Graduados en Nutrición mostraron que más de la mitad de las personas modificaron su intención de compra en productos como galletitas y bebidas. “Desde una perspectiva sanitaria, no existen argumentos que puedan justificar la modificación de la norma existente y menos aún su derogación”, señalaron las organizaciones firmantes.
Finalmente, el documento difundido por Andrea Graciano instó al Congreso Nacional a “proteger el derecho a la salud y a la alimentación saludable” mediante la defensa de una ley que consideran respaldada por evidencia científica y por un amplio consenso político y social.
