Política y Economía | El Gobierno nacional publicó un DNU que prolonga la emergencia energética en gas natural y abre la puerta para que empresas privadas importen Gas Natural Licuado, mientras la infraestructura no alcanza para autoabastecer al país.
El Ejecutivo nacional oficializó este martes la prórroga de la emergencia del Sector Energético Nacional centrada en el gas natural hasta el 31 de diciembre de 2027, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 49/2026. La medida busca garantizar el abastecimiento de gas para los próximos inviernos ante la falta de infraestructura propia para transportar el combustible desde la Cuenca Neuquina hasta los principales centros urbanos.
En los considerandos del DNU, el Gobierno admite que las obras de ampliación de gasoductos —incluida la conexión desde Vaca Muerta hacia el Litoral y Buenos Aires— recién estarían operativas durante el invierno de 2027. Por lo tanto, Argentina deberá seguir dependiendo de la importación de Gas Natural Licuado (GNL) para cubrir picos de demanda residencial y la generación eléctrica.
Una de las novedades más relevantes es la instrucción al ministerio y a la Secretaría de Energía para diseñar un concurso competitivo que permita a un operador privado importar y regasificar GNL a través de la terminal de Escobar, la única infraestructura disponible para este tipo de operaciones. El Estado propone retirarse de su rol directo en la importación, que hasta ahora realizaba ENARSA, y delegar esa función al sector privado.
Para evitar posibles abusos de posición dominante —dado que solo existe una terminal en operación—, el Decreto contempla la fijación de precios máximos para la venta de ese gas en el mercado interno durante los inviernos de 2026 y 2027, calculados a partir de referencias internacionales más costos logísticos.
El texto oficial argumenta que la extensión de la emergencia energética responde a la persistente fragilidad del sistema de transporte y distribución del gas, que aún no cuenta con capacidad suficiente para garantizar el suministro interno sin recurrir a importaciones. Justifica así la intervención del Estado más allá del plazo original previsto para 2025.
La decisión pone en el centro del debate la sostenibilidad del abastecimiento energético en un contexto de obras clave que se retrasan y la incorporación de privados a funciones que hasta ahora estaban en manos del Estado. Mientras tanto, usuarios y empresas aguardan la publicación de normas reglamentarias de este esquema que marcará la estrategia energética de los próximos dos años.
