Judiciales | La justicia federal inició una investigación penal para determinar si hubo incumplimiento de deberes por parte de funcionarios en la extinción del fuego en el Parque Nacional Los Alerces. Denuncias de vecinos y entidades señalan negligencia y posibles responsabilidades políticas y ambientales.
La gravísima situación provocada por los incendios forestales en la cordillera chubutense llegó a los Tribunales.
En la ciudad de Esquel, la Fiscalía Federal a cargo del Fiscal Santiago Roldán inició una investigación penal para establecer si existió incumplimiento de deberes de funcionario público durante la lucha contra las llamas que desde diciembre arrasan gran parte del Parque Nacional Los Alerces y zonas aledañas.
La pesquisa se abrió tras una serie de denuncias presentadas por particulares y organizaciones, que señalan que el combate inicial del fuego—originado por la caída de un rayo el 8 de diciembre y que recién comenzó a combatirse el día siguiente—fue insuficiente y tardío.
Esa lenta respuesta habría favorecido la expansión de las llamas bajo condiciones climáticas adversas, con altas temperaturas y vientos fuertes, que dificultaron las tareas de extinción.
Además de las denuncias individuales, la Asociación de Pobladores de la Reserva Los Alerces presentó acusaciones ampliadas por delitos como abuso de autoridad y violación de deberes de funcionarios públicos, describiendo “imprudencia, negligencia e inobservancia de reglamentos” durante la emergencia ígnea.
El Fiscal Roldán ordenó medidas de prueba que incluyen pedidos de informes a la Administración de Parques Nacionales y al Servicio Nacional de Manejo del Fuego, además de pericias técnicas a cargo de la Brigada de Investigación de Incendios Forestales de la Policía Federal, con la aclaración de que las pesquisas avanzan “cuidando de no afectar las tareas de combate del fuego” que continúan en la región.
Este nuevo capítulo del conflicto por la gestión del fuego se suma a reclamos previos del sector turístico y vecinos, quienes cuestionaron públicamente la capacidad de respuesta y pidieron la renuncia de autoridades y una auditoría independiente de los operativos.
La causa judicial refleja no solo el impacto ambiental y social de los incendios, que ya consumieron miles de hectáreas de bosque nativo, sino también la presión para que las responsabilidades administrativas y políticas sean determinadas en sede penal, en un proceso que promete ampliar el debate sobre prevención, respuesta y gestión integral del fuego en áreas naturales protegidas del país.
