Política | El radicalismo solicitó al Gobierno que trate en extraordinarias un proyecto para incorporar el delito de ecocidio al Código Penal y denunció la subejecución del Plan Nacional de Manejo del Fuego.
Luego de que se reactivaran los incendios forestales en la Patagonia, el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) emitió un comunicado dirigido al Poder Ejecutivo nacional. En el mismo, reclaman la inclusión, en el temario de sesiones extraordinarias, del proyecto de ley que propone tipificar el ecocidio y las formas especiales de criminalidad ambiental para su incorporación al Código Penal de la Nación.
El partido centenario, que tiene como presidente al santafesino Leonel Chiarella, también impulsó una campaña solidaria de recolección de fondos destinada a la Federación de Bomberos Voluntarios de Chubut. La iniciativa comenzó la semana pasada en redes sociales y, según informaron, ya logró recaudar “más de 7 millones de pesos” para colaborar con quienes combaten el fuego en el sur del país.
En línea con los reclamos de distintos sectores de la oposición, desde la UCR denunciaron que “la subejecución del Plan Nacional de Manejo del Fuego está en un 25% del presupuesto”, y señalaron que esto representa aproximadamente 20.000 millones de pesos que “dejaron de usarse para fortalecer al sistema nacional y a las jurisdicciones provinciales”. Por ese motivo, exigieron informes sobre los alcances de la política ambiental y la ampliación de las partidas destinadas al Fondo Nacional de Manejo del Fuego.
En los últimos días, ingresó a Mesa de Entradas del Congreso de la Nación un proyecto de modificación del artículo 186 del Código Penal para elevar las penas a quienes causen daños ecológicos. La iniciativa lleva la firma de los Diputados Sergio Capozzi, Gisela Scaglia, Alejandra Torres, María Inés Zigaran y José Núñez, de Provincias Unidas, y del formoseño Atilio Basualdo, integrante de La Libertad Avanza.
Por su parte, en el Senado, la legisladora chubutense Edith Terenzi presentó un proyecto de ley para “tipificar el ecocidio y las formas especiales de criminalidad ambiental para su incorporación de modo sistémico al Código Penal de la Nación”. Allí se define el ecocidio como “el daño irreversible o especialmente grave provocado sobre el ambiente en violación de las normas de presupuestos mínimos de protección ambiental y sus reglamentaciones nacionales y provinciales, de manera que comprometa los derechos de las generaciones actuales y futuras”.
Terenzi, alineada al Gobernador Ignacio Torres, propone penas de entre tres y diez años de prisión, además de multas equivalentes a 30 Salarios Mínimos, Vitales y Móviles, que en la actualidad superarían los 10 millones de pesos para quienes sean considerados culpables de la destrucción intencional del medio ambiente. “La creciente degradación de los ecosistemas a escala global, regional y nacional exige una respuesta clara, contundente y eficaz del derecho penal, como última ratio de protección de los bienes jurídicos fundamentales”, sostuvo la senadora chubutense de origen radical.
Finalmente, remarcó que “la necesidad de incorporar esta figura penal se basa en la gravedad del daño ambiental que determinadas actividades humanas provocan sobre los ecosistemas”, y concluyó: “Frente al colapso ecológico global y a la inacción de muchos actores estatales y privados, el reconocimiento del ecocidio como delito autónomo se vuelve no solo urgente, sino imprescindible”.
