Política | El Gobierno oficializó por Decreto la inclusión del proyecto para tratar la reducción de la edad penal de menores en las sesiones extraordinarias que arrancan en febrero, y reaviva la polémica sobre seguridad y justicia juvenil.
En línea con lo que había anticipado durante un acto en Mar del Plata, el Presidente Javier Milei oficializó este martes la ampliación del temario de sesiones extraordinarias del Congreso de la Nación para incluir el tratamiento de la baja de la edad de imputabilidad penal. Esta propuesta pretende modificar el régimen actual para que ciertos menores puedan ser juzgados como adultos.
La medida se formalizó a través del Decreto 53/2026, publicado en el Boletín Oficial y con las firmas del jefe de Estado y de su vocero y ministro, Manuel Adorni. Dicho decreto ordena que durante el período de sesiones extraordinarias —que comenzarán el 2 de febrero— se considere la discusión de los proyectos de ley vinculados al Régimen Penal Juvenil.
“El que las hace, las paga; delito de adulto, pena de adulto”, había afirmado Milei ante sus seguidores, marcando la postura del Ejecutivo sobre el tema y la intención de endurecer las respuestas judiciales frente a delitos graves cometidos por menores de edad.
La iniciativa oficial, impulsada por los ministerios de Seguridad y Justicia, busca modificar la edad de punibilidad vigente desde hace décadas, que actualmente establece los 16 años como límite mínimo para la imputabilidad penal. Se debatirá si se baja ese piso para determinados delitos graves, ajustando el sistema judicial juvenil.
La decisión reaviva así uno de los debates más candentes de la agenda política y social. Mientras quienes apoyan la baja de la edad sostienen que es una herramienta necesaria para combatir la criminalidad juvenil, sectores críticos alertan que no aborda las causas estructurales de la violencia y podría vulnerar derechos de niños y adolescentes.
En las próximas semanas, el Congreso será el epicentro de un debate que promete ser áspero, con opiniones enfrentadas tanto dentro del oficialismo como desde la oposición y organizaciones sociales. La seguridad y la justicia penal serán ejes de una discusión que ya empezó a calentar el verano político.
