Política | Mediante un DNU, la administración nacional busca brindar mayor previsibilidad jurídica y simplificar trámites a los operadores del comercio exterior, con plazos definidos para dictámenes y menos demoras en frontera.
El Gobierno nacional introdujo modificaciones clave en el Código Aduanero a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 41/2026, con el objetivo de dar mayor previsibilidad jurídica y dinamismo a las operaciones de comercio exterior para importadores y exportadores. La normativa redefine el funcionamiento de las resoluciones anticipadas, herramienta que permite a las empresas conocer con antelación cómo será tratado aduaneramente un producto antes de concretar una operación.
Según lo dispuesto, los operadores podrán solicitar dictámenes oficiales sobre la clasificación arancelaria, el valor y el origen de las mercaderías, lo que permite planificar con mayor certeza los costos y requisitos que enfrentarán. Uno de los cambios más concretos del decreto establece un plazo máximo de 30 días para que la administración aduanera se expida sobre estas consultas. "Si ese plazo se cumple sin respuesta, el importador o exportador podrá avanzar con la operación conforme a lo solicitado, aunque la Aduana podrá exigir una garantía como respaldo."
La reforma además redistribuye competencias: la clasificación arancelaria y la valoración de mercaderías quedan bajo la órbita del servicio aduanero, dependiente de la Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), mientras que las consultas sobre el origen de los productos serán resueltas por la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía. También se establecen canales diferenciados de impugnación: las cuestiones vinculadas con clasificación y valor podrán recurrirse ante la propia aduana, mientras que las relacionadas con el origen deberán tramitarse ante la Secretaría de Industria y Comercio, bajo las reglas generales de la administración pública.
Según los considerandos del Decreto, la medida responde a compromisos asumidos por Argentina en el marco del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio de la Organización Mundial del Comercio (OMC), que exige contar con sistemas de resoluciones anticipadas funcionales y eficientes. Con estos cambios, el Gobierno busca desburocratizar el comercio exterior, reducir demoras en frontera y otorgar a las empresas mayor certeza sobre las normas que regirán sus operaciones, en un contexto de creciente actividad global y competitividad de mercados.
