Política | En las últimas horas, el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, remitió al Congreso el decreto firmado por el Presidente Javier Milei que reformula el sistema de inteligencia nacional y amplía las facultades de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), una medida que generó una fuerte polémica política.
El envío del DNU 941/25 se concretó a menos de 24 horas del vencimiento del plazo legal previsto por la Ley 26.122, que regula el tratamiento parlamentario de los decretos presidenciales.
Según confirmaron fuentes oficiales, el texto ya ingresó al Senado, mientras que en Diputados lo había hecho el día anterior.
A partir de ahora, la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo cuenta con diez días hábiles para emitir dictamen.
Una vez cumplido ese plazo, cualquiera de las dos cámaras podrá llevar el Decreto al recinto para su votación, incluso sin despacho de comisión.
El DNU solo perderá vigencia si ambas cámaras lo rechazan. Si una sola lo impugna o si el Congreso no lo trata, el decreto quedará firme.
Los puntos más controvertidos de la reforma
El decreto, firmado el 31 de diciembre, modifica la ley nacional de inteligencia con el objetivo de otorgar más poder operativo a la SIDE, aunque reduce su estructura administrativa y traslada el área de Ciberseguridad a la órbita de la Jefatura de Gabinete.
Entre los cambios más sensibles figura la habilitación para que agentes de la SIDE puedan aprehender personas encontradas en flagrancia, además de declarar como "encubiertas" todas las actividades del organismo.
En el diseño de la norma participó el asesor presidencial Santiago Caputo, quien concentra influencia política sobre el área de inteligencia.
Rechazo opositor y estrategia parlamentaria
Desde Unión por la Patria, la Coalición Cívica y bloques provinciales cuestionaron duramente la medida y advirtieron sobre riesgos de espionaje político.
El kirchnerismo ya presentó un proyecto para derogar el decreto y reclama la inmediata conformación de la Bicameral, algo que el oficialismo busca demorar al menos hasta febrero.
La oposición deberá primero esperar el vencimiento del plazo de la comisión y luego reunir quórum y mayoría simple para rechazar el DNU en el recinto.
En un Congreso fragmentado, el rol de radicales, peronistas provinciales y fuerzas intermedias será decisivo.
En La Libertad Avanza confían en contar con el respaldo del Pro. El bloque que conduce Cristian Ritondo respaldó parte de la reforma, aunque reclamó conocer en detalle los protocolos y alcances operativos antes de fijar una posición definitiva.
Pese a las dificultades, los detractores del Gobierno recuerdan un antecedente clave: el rechazo parlamentario al primer DNU de Milei que habilitaba un giro de $100.000 millones a la SIDE.
Mientras tanto, el Ejecutivo concentra sus esfuerzos políticos en asegurar los votos necesarios en el Senado para avanzar con la reforma laboral, otra de las prioridades de la agenda oficial.
