Política | La oposición unida en la Cámara de Diputados aprobó en general en la madrugada de este miércoles un proyecto de ley que establece una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, una recomposición mayor a la otorgada por el DNU 274/24 y un piso para el haber mínimo, en lo que constituye una derrota legislativa para el oficialismo y desafía al Presidente Javier Milei, quien ya advirtió que vetará toda ley que atente contra su objetivo de equilibrio fiscal.
El dictamen que resultó aprobado fue el primero en minoría, pues inicialmente el de la mayoría (UP) había resultado rechazado por 135 votos, contra 99 positivos y 7 abstenciones.
A continuación, y tras que quedara claro que existía un acuerdo previo por el que se había llegado a ese punto, el dictamen de los bloques UCR, HCF, IF y CC, resultó aprobado por 160 votos a favor, 72 en contra y 8 abstenciones.
Previamente se habían leído y aceptado los cambios a los artículos 4 y 10, que leyó el radical Lisandro Nieri, y que resultaban parte del acuerdo alcanzado con la bancada conducida por Germán Martínez.
El artículo 10 subsanaba una diferencia existente entre los dos dictámenes, en referencia a la utilización del FGS para pagar deudas previsionales.
Así las cosas y tras un debate que se extendió por más de ocho horas, el sector más duro (Unión por la Patria y la izquierda) y los llamados bloques “dialoguistas” (UCR, Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal y Coalición Cívica) establecieron un acuerdo para establecer un cálculo que contempla el índice de inflación como referencia -al igual que el DNU-, pero suma que en marzo de cada año también se aplicará un aumento del 50% por variación salarial (RIPTE).
A su vez, establece una garantía para el haber mínimo, que tendrá como piso lo equivalente a 1,09 del valor de la Canasta Básica Total, que en abril fue de 268.012 pesos. Toda la oposición -incluso el Pro, que igual se mantuvo en sintonía con La Libertad Avanza- reunía consenso en torno a recomponer las jubilaciones de acuerdo con la inflación más alta del año, que fue la de enero con 20,6%.
No conformes con el 12,5% en abril que el Gobierno estableció mediante su DNU, la iniciativa estipula que se otorgue un incremento adicional del 8,1% para recuperar los ingresos de la clase pasiva.
A la sesión se había llegado con cinco dictámenes de las comisiones. Si bien los textos de UP -despacho de mayoría- y los dialoguistas eran similares en los puntos centrales, la principal diferencia radicaba en torno al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSeS, que el kirchnerismo no quería tocar, mientras los otros bloques proponían usarlo para cancelar deudas con las provincias por las cajas no transferidas y para pagar 82 mil sentencias firmes por juicios de reajuste.
Quienes más insistían con esto eran los legisladores del oficialismo cordobés, que finalmente accedieron a cambios. Durante el debate, desde la oposición dialoguista insistieron con la “responsabilidad” y “razonabilidad” fiscal de su propuesta, comparando con el costo de la propuesta inicial de UP (que pretendía una recomposición para alcanzar no el 20 sino el 30 por ciento), y mucho más con el dictamen de la izquierda (que planteaba el 82% móvil, entre otras cosas).
A propósito de la izquierda, se abstuvieron a la hora de votar, argumentando que “lo que se necesita es una verdadera recomposición de haberes y no cuidar el déficit cero que reclama el Fondo Monetario”.
