Judiciales | Por orden judicial, la Policía Federal realizó operativos en sedes vinculadas a la Asociación del Fútbol Argentino. La causa investiga presuntas maniobras financieras irregulares, contratos de exclusividad en el exterior y un patrimonio que no cerraría con lo declarado.
En el marco de una investigación por presuntas maniobras financieras irregulares y lavado de activos, la Policía Federal Argentina llevó adelante una serie de allanamientos que impactaron de lleno en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Los operativos fueron ordenados por Luis Armella, titular del Juzgado Federal de Lomas de Zamora, y permitieron el secuestro de documentación clave, entre ella un contrato de exclusividad con la firma TourProdEnter LLC, vinculada al empresario Javier Faroni. Según la investigación, ese acuerdo establecía una comisión del 30% por la gestión de cobros y pagos en el exterior.
La causa es impulsada por la fiscal Cecilia Incardona, junto a la PROCELAC, y también pone bajo la lupa a la financiera Sur Finanzas PSP S.A. Los investigadores sospechan la existencia de una estructura de administración de fondos millonarios a través de personas con “perfiles económicos incompatibles”, que podrían haber actuado como prestanombres.
En este contexto, el Juez dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Faroni, su esposa Erica Gillette y otros allegados, habilitando además el acceso a registros bancarios en Estados Unidos, con el objetivo de reconstruir la ruta del dinero.
Patrimonio bajo sospecha
Como parte de la misma investigación, trascendió el valor real de una lujosa propiedad en Pilar, vinculada a autoridades de la AFA. Si bien el inmueble fue declarado por 1,8 millones de dólares, peritajes oficiales determinaron que su valuación superaría los 20 millones, incluyendo 54 vehículos de lujo, un helipuerto y un complejo de spa, lo que profundiza las sospechas sobre inconsistencias patrimoniales.
Faroni, interceptado en Aeroparque
La situación procesal de Faroni se agravó luego de que fuera interceptado en el Aeroparque Jorge Newbery cuando intentaba viajar a Uruguay, pese a contar con una restricción de salida del país. Según trascendió, el empresario intentó abordar el vuelo utilizando los pasaportes de su familia y, tras ser notificado, habría descartado su teléfono celular, un elemento que ahora también es materia de investigación.
La postura de la AFA
Ante la repercusión del caso, la AFA emitió un comunicado oficial en el que defendió la legalidad del contrato con TourProdEnter LLC, asegurando que no recibió observaciones previas por parte de tribunales nacionales o internacionales.
No obstante, confirmó que se realizaron requerimientos judiciales tanto en la sede de la calle Viamonte como en el Predio de Ezeiza, en el marco de la causa que también involucra a otras personas y entidades.
Desde la entidad señalaron que se pusieron “a disposición de las autoridades judiciales y de ARCA” y que aportaron la documentación física y digital solicitada.
Un contrato bajo la lupa
El acuerdo investigado fue firmado el 9 de diciembre de 2021 por Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino, y designó a la firma con sede en Florida como agente exclusivo para canalizar los ingresos y egresos de la AFA fuera del país.
Según los registros analizados, la empresa habría recaudado más de 260 millones de dólares desde fines de 2021, generando honorarios estimados en al menos 78 millones de dólares.
Además del 30% sobre ingresos comerciales, el contrato preveía un 10% sobre los egresos vinculados a logística, como traslados y alojamiento de la Selección Nacional. La Justicia investiga ahora si este esquema permitió derivar fondos institucionales legítimos hacia una estructura financiera de difícil trazabilidad.
La causa continúa en plena etapa investigativa y promete nuevos capítulos, mientras la Justicia avanza para determinar responsabilidades y beneficiarios finales de las operaciones bajo sospecha.
