Judiciales | Este lunes, a las 8:30 horas, en la Sala de Audiencias de los Tribunales de Concepción del Uruguay, se conocerá el adelanto de la sentencia en el denominado “Juicio del dolor”. El Vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay, Darío Crespo, dará a conocer su veredicto en el proceso seguido contra Juan Ruiz Orrico por el delito de homicidio culposo agravado.
La causa investiga el siniestro vial ocurrido el 20 de junio de 2024 en la Ruta Provincial 39, entre las localidades de Caseros y Herrera, hecho en el que perdieron la vida cuatro jóvenes de Basavilbaso: Brian Izaguirre, de 32 años; Lucas Izaguirre, de 26; Leonardo Almada, de 33; y Axel Rossi, de 23. Todos se dirigían a su lugar de trabajo en Pronunciamiento cuando se produjo el choque que, según la acusación, fue provocado por el entonces funcionario provincial.
Durante la última jornada de alegatos, el representante del Ministerio Público Fiscal, doctor Eduardo Santos, solicitó que el juez analice detenidamente las pruebas incorporadas al debate y los testimonios brindados, especialmente los de los familiares de las víctimas, quienes —remarcó— deberán convivir de por vida con la tragedia sufrida.
El Fiscal pidió una pena de 5 años de prisión de cumplimiento efectivo y 10 años de inhabilitación para conducir vehículos, además de requerir que, al momento de dictarse la sentencia, se disponga la inmediata detención del acusado.
Por su parte, la Querella, integrada por los doctores Mario Arcusin y Leandro Rosatti, sostuvo que las víctimas eran cuatro jóvenes trabajadores que se dirigían a cumplir con su jornada laboral cuando ocurrió el siniestro.
Los abogados afirmaron que lo sucedido no fue un error circunstancial, sino consecuencia de una conducta gravemente imprudente, por lo que reclamaron que la respuesta judicial esté a la altura del daño causado. En ese sentido, solicitaron la pena máxima prevista por el Código Penal para este tipo de delitos: 6 años de prisión y la inhabilitación para conducir.
Leandro Rosatti, quien representa a María de los Ángeles Benítez y a Lorena Dubini —madres de tres de las víctimas—, remarcó el profundo dolor y el daño irreparable causado a las familias por el hecho. Recordó que el Gobernador Rogelio Frigerio había prohibido mediante Decreto el uso de vehículos oficiales para fines personales, situación que —según indicó— se habría producido en este caso.
La Defensa, ejercida por los doctores Leopoldo Lambruschini y Félix Pérez, no negó la responsabilidad asumida por su asistido. Los letrados destacaron que Ruiz Orrico pidió disculpas públicamente a los familiares y que en ningún momento intentó eludir la acción de la Justicia.
En ese marco, solicitaron al Tribunal que valore esos elementos y la ausencia de antecedentes penales como atenuantes al momento de definir la pena. Los defensores señalaron que la discusión central del proceso no gira en torno a la autoría del hecho, sino a la proporcionalidad de la sanción, es decir, al “quantum” de la pena que eventualmente se imponga.
Durante la apertura del juicio oral, el propio Ruiz Orrico decidió declarar y asumir su responsabilidad por el hecho. “Del accidente al cual se hace referencia quiero asumir la responsabilidad total del hecho, mi culpabilidad sobre la maniobra que provocó el accidente”, expresó ante el juez.
Además, ofreció disculpas a los familiares de las víctimas, a quienes mencionó por sus nombres. “Sé que no hay pedido de disculpas que sea aceptado y que mis palabras puedan resultar hirientes, pero es un ofrecimiento que hago ante este hecho irreparable”, manifestó.
El exfuncionario también reconoció la magnitud del daño causado: “Sé que el daño es irreparable y ni siquiera me podría reflejar lo que sienten las víctimas, porque la única forma sería que me pase en carne propia; entonces mis palabras hasta diría que sobran”.
Concluidos los alegatos y tras varias jornadas de debate, este lunes el magistrado dará a conocer el adelanto de la sentencia en una causa que conmocionó a Basavilbaso y a toda la región.
El veredicto marcará un momento clave para las familias de las víctimas, que desde el inicio del proceso han reclamado justicia por la muerte de los cuatro jóvenes trabajadores.
