Asimismo, se los procesó —junto al ex ministro de Economía, Osvaldo Cepeda— por llevar adelante “negociaciones incompatibles con la función pública”.
La denuncia fue interpuesta por el propio gobernador Jorge Busti, y venía siendo investigado por la disuelta Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), a cargo de Oscar Rovira, quien había cuestionado el canje de una deuda con el fisco de la empresa San José S.A. por varios vehículos usados y había advertido por una posible sobrevaluación de las unidades.
Asimismo, la Justicia solicitó un pedido de desafuero que será tratado en Cámara de Diputados contra el diputado, y ex ministro Rubén Villaverde y ordenó el secuestro de los ómnibus entregados como parte de pago para ser peritado por el Comité de Tasaciones de la Provincia de Entre Ríos, informó Análisisdigital.