La iniciativa ingresó ayer a las 12.55 a la Cámara alta y no es seguro que el cuerpo le dé aprobación en lo inmediato. Entre los extensos fundamentos, menciona que el Estado provincial tiene la “responsabilidad principal e indelegable de garantizar el derecho a la educación y al conocimiento de todos los habitantes”.
También expresa que ante la colisión entre derechos de los niños y de los adultos, el conflicto debe ser dirimido a favor del “interés superior” de los primeros, de acuerdo a la Convención Internacional de los Derechos del Niño.
“Declarar la educación como un servicio esencial del Estado es reafirmar el respeto por los derechos básicos de los integrantes de nuestra comunidad y generar herramientas necesarias para asegurar su continuidad, estabilidad y eficacia”, añade la iniciativa.