El Gobierno, constituido como parte querellante en la causa, había pedido la citación a indagatoria de diez manifestantes por hechos que calificó como homicidio culposo, amenazas, amenazas agravadas, daños a bienes públicos, entorpecimiento del normal funcionamiento de los transportes, instigación a cometer delitos, intimidación pública, apología del delito, otros atentados al orden público, delitos que comprometen la paz y la dignidad de la Nación, atentados al orden constitucional y a la vida democrática, sedición, atentado y resistencia contra la autoridad y encubrimiento.
El juez Pimentel había rechazado la pretensión del Ejecutivo nacional, basándose en el “contexto social imperante” en torno al corte del puente. Esa decisión fue apelada por la fiscal.
La causa llegó a la Cámara Federal de Paraná, que citó para este viernes al fiscal de Cámara, Ricardo Álvarez, y a los abogados de los diez asambleístas implicados, quienes expondrán sus argumentos ante el tribunal.