Basavilbaso, Entre Ríos
Política | Cuestionó la carga impositiva en Entre Ríos y los costos de vender granos en Santa Fe. También pidió respuestas para los caminos rurales y reglas claras para el sector.
El productor cooperativista Felipe Berruhet, coordinador de Entre Ríos 2050, reclamó una revisión de los impuestos que afronta el campo entrerriano. En declaraciones a AIM, cuestionó los costos de producción y comercialización y pidió mayores esfuerzos para reducir el gasto provincial.
Según señaló, el Impuesto Inmobiliario Rural aumentó un 350% en tres años, mientras que la inflación acumulada en ese período fue del 310%. Con esos números, consideró que las autoridades económicas deberían procurar que no haya nuevos incrementos en 2027.
También advirtió que productores que el año pasado no pagaban Ingresos Brutos por su actividad comenzaron a hacerlo tras los cambios en las escalas. A su entender, revisar esas situaciones permitiría dar señales favorables al sector.
Otro de sus cuestionamientos estuvo dirigido al impuesto de Sellos aplicado a la maquinaria agrícola. Mencionó los costos de comprar e inscribir una cosechadora y los trámites necesarios para verificarla en el campo. Remarcó que se trata de una herramienta de trabajo y no de un bien de lujo.
Berruhet reconoció las dificultades financieras de las provincias, pero sostuvo que es necesario revisar los gastos para avanzar en una reducción de la carga tributaria. Consideró que los esfuerzos del Gobierno entrerriano en ese sentido deberían ser más visibles e intensos.
El productor señaló que gran parte de los granos entrerrianos se comercializa en los puertos del Gran Rosario. Allí, indicó, las tasas municipales por el ingreso de camiones agregan costos a la actividad.
Además, cuestionó el régimen de retenciones de Ingresos Brutos que, según explicó, Santa Fe aplica a quienes no son contribuyentes de esa provincia. Sostuvo que esa situación impulsa a los productores a inscribirse en el Convenio Multilateral, con mayores gastos contables, trámites y obligaciones fiscales.
“No debemos permitir que existan aduanas provinciales”, afirmó. También reclamó que las tasas municipales respondan a una prestación concreta de servicios.
En materia vial, Berruhet reconoció trabajos de mantenimiento y reparaciones de ripio. Sin embargo, consideró que persisten problemas de conectividad y necesidades de inversión en caminos y puentes.
Cuestionó la intención que atribuye al Gobierno provincial de trasladar a los privados la responsabilidad sobre los caminos rurales. También sostuvo que la ley de consorcios no ofrece, por sí sola, una respuesta para todos los departamentos.
Propuso que las entidades agropecuarias y las autoridades discutan alternativas, tomando como referencia experiencias de Chaco y Córdoba. Asimismo, mencionó el financiamiento internacional anunciado para mejorar la conectividad vial.
Sobre la política nacional, señaló que no observa nuevos impuestos sobre el sector, pero tampoco bajas significativas en las retenciones. Reclamó avanzar hacia su eliminación y sostuvo que las dificultades financieras del campo limitan su capacidad de generar desarrollo.
Según su evaluación, la carga estatal representa entre el 67% y el 68% de la rentabilidad agropecuaria en Entre Ríos. “De cada 100 pesos, 67 se los lleva el Estado”, expresó.
Consideró que los costos en dólares son elevados y que la estabilidad económica dejó más expuesto el peso del sistema tributario. Explicó que, anteriormente, la inflación y las devaluaciones permitían licuar parte de esas obligaciones.
También advirtió sobre notificaciones y embargos al sector. Planteó que una mayor presión de cobro, en un contexto de dificultades económicas, puede complicar la permanencia de productores en la formalidad.
Respecto del debate sobre la compra de tierras por extranjeros, Berruhet expresó, a título personal, que debería mantenerse un límite. Aunque reconoció su incidencia en el valor de los campos, sostuvo que la mayor parte del territorio debe permanecer en manos argentinas.
También propuso impedir que quienes ocupan cargos públicos compren tierras durante su mandato y en los diez años posteriores, para evitar ventajas derivadas de su posición.
Para las sucesiones familiares, sugirió créditos blandos que permitan al heredero que trabaja el campo adquirir las partes de los demás, cuando estos quieran vender. El objetivo, explicó, sería sostener la continuidad productiva.
Finalmente, reclamó definiciones sobre semillas y propiedad intelectual de los desarrollos tecnológicos. En su planteo, diferenció la semilla de los eventos que se incorporan mediante investigación.
Sostuvo que mejorar los rendimientos será cada vez más necesario ante el crecimiento de la población mundial y la disponibilidad limitada de tierras. Advirtió que la falta de un marco claro puede provocar atraso tecnológico.
