Basavilbaso, Entre Ríos
Política | El proyecto establece una alícuota del 3% sobre transferencias internacionales de capital y un adicional del 2% cuando tengan como destino jurisdicciones de baja o nula tributación.
El Diputado Nacional Máximo Kirchner presentó un proyecto de ley para crear el denominado Impuesto a las Transferencias Internacionales de Capital (ITIC), que alcanzaría operaciones que impliquen una salida efectiva de capitales de la Argentina.
La iniciativa propone aplicar una alícuota del 3% sobre las operaciones alcanzadas. En los casos en que los fondos tengan como destino jurisdicciones consideradas de baja o nula tributación, se adicionaría otro 2%.
Según el proyecto, el tributo comprendería transferencias realizadas mediante divisas, valores negociables o activos virtuales, tanto de manera directa como indirecta.
Entre los sujetos alcanzados se incluyen personas humanas y jurídicas, sucesiones indivisas, fideicomisos, trusts, fundaciones y otras estructuras similares, sean residentes o no residentes.
De acuerdo con las estimaciones incluidas en los fundamentos de la iniciativa, el nuevo impuesto permitiría obtener una recaudación cercana a los $2,89 billones.
El proyecto establece además un destino específico para esos recursos. El 60% de lo recaudado sería transferido a provincias y municipios para financiar obras de infraestructura sanitaria, educativa, hospitalaria, habitacional y vial.
El porcentaje restante se distribuiría entre áreas vinculadas con salud, educación, discapacidad y jubilaciones.
Kirchner fundamentó la iniciativa en la necesidad de generar recursos frente a la reducción de transferencias nacionales hacia las provincias y de alcanzar, según plantea el proyecto, determinados movimientos internacionales de capital.
La propuesta generó cuestionamientos desde sectores del oficialismo y de la oposición, que advirtieron sobre el posible impacto del nuevo gravamen sobre las inversiones. También existen diferencias dentro del peronismo respecto de la conveniencia de avanzar con un nuevo impuesto.
En caso de convertirse en ley, el impuesto sería percibido al momento de realizarse la operación. La administración y fiscalización quedarían a cargo de ARCA, con intervención del Banco Central, la Comisión Nacional de Valores y asistencia técnica de la Unidad de Información Financiera en sus respectivas competencias.
La iniciativa deberá ahora transitar el debate parlamentario para determinar si reúne los respaldos necesarios para avanzar en el Congreso.
Fuente: Clarín.
