Judiciales | Lo determinó una investigación del Fiscal Marijuán. El Estado derivaba más de $84 mil millones a beneficiarios que no debían recibir esa ayuda.
Una investigación reveló que más de 9 mil empleados públicos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires accedían al Potenciar Trabajo, en otra muestra de las irregularidades que presentó el plan social en los últimos años.
En total, fueron contabilizadas 9.413 personas, de los cuales 148 tienen domicilio en Entre Ríos, que fueron registradas a través del informe realizado por el Fiscal federal Guillermo Marijuán.
En efecto, el Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello ya dio de baja a 4.588 de esas personas.
Por su parte, se evalúa los últimos entrecruzamientos de datos que, en base a la orden del titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad, se realizó mediante el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS).
Esta revelación se suma a la investigación global sobre el desmanejo del programa que hace pocos días el Gobierno eliminó para reemplazarlo en dos planes sociales.
Las incompatibilidades, señalaron allegados al tema, revelan un “claro ejemplo de la utilización política que se hacía del programa”.
La causa, titulada como “defraudación contra la Administración Pública”, señaló que el desfalco al Estado Nacional era de $7.000 millones por mes; es decir, el equivalente a $84.000 millones en un año sin incluir los bonos y aguinaldos que recibieron los beneficiarios.
