Política | Con dictamen favorable y respaldo estimado en más de 130 votos, el Gobierno se encamina a una sesión marcada por tensiones con la oposición y un debate centrado en el rol de las provincias sobre los recursos naturales.
Con el objetivo de recuperar impulso legislativo y volver al escenario favorable que tuvo durante el verano en el Congreso, el oficialismo se apresta a debatir este miércoles la reforma de la Ley de Glaciares en el recinto, en una sesión donde el tema será excluyente. La discusión llegará apenas un día después de haber obtenido el dictamen que habilita su tratamiento. Sin embargo, el inicio de la jornada estará atravesado por el clima político: la oposición anticipa una primera etapa cargada de cuestiones de privilegio y planteos reglamentarios para marcarle límites al Gobierno.
El plenario de comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales realizado este martes dejó como saldo cuatro dictámenes. El de mayoría reunió 37 firmas, mientras que los restantes correspondieron a bloques opositores. Durante el debate expusieron cerca de veinte especialistas y funcionarios, entre ellos gobernadores de provincias con actividad minera y autoridades del área a nivel nacional y provincial, todos en respaldo a la reforma.
El proyecto introduce modificaciones sustanciales a la Ley vigente. Entre ellas, redefine el objeto de protección para centrarse en glaciares y geoformas periglaciales que cumplan funciones hídricas, ya sea como reservas estratégicas o como fuentes de recarga de cuencas. Además, incorpora un criterio interpretativo basado en el uso racional de los recursos naturales establecido por la Constitución.
En este contexto, la oposición da por descontado que el oficialismo logrará la aprobación, con un piso cercano a los 135 votos. No obstante, buscará instalar otros temas en la agenda, incluyendo cuestionamientos a funcionarios del Ejecutivo e incluso la posibilidad de impulsar pedidos de interpelación. También intentará tratar sobre tablas un proyecto que reafirma la neutralidad argentina frente a conflictos internacionales, en rechazo a lo que consideran avances del Poder Ejecutivo sobre facultades del Congreso en materia de política exterior.
Uno de los ejes centrales de la reforma es el fortalecimiento del rol provincial en la gestión ambiental. El texto establece que toda geoforma incluida en el Inventario Nacional de Glaciares será considerada protegida hasta que la autoridad ambiental local determine si cumple o no funciones hídricas. Esta evaluación quedará exclusivamente en manos de las provincias, que deberán remitir la información al organismo técnico nacional para actualizar el inventario.
A su vez, las prohibiciones se aplicarán únicamente sobre aquellas formaciones que sean identificadas con función hídrica. El proyecto mantiene restricciones a actividades como la explotación minera o hidrocarburífera y la instalación de industrias en esas zonas, pero introduce cambios en los criterios de evaluación, otorgando a las provincias la facultad de definir, mediante estudios de impacto ambiental, si una intervención afecta de manera significativa al ecosistema.
También se establece la obligatoriedad de evaluaciones ambientales previas para cualquier actividad en áreas glaciares o periglaciales, con excepciones limitadas a tareas científicas no invasivas, rescates y actividades deportivas sin uso de motores. Finalmente, se redefine el rol del organismo encargado del inventario nacional, que seguirá siendo responsable del registro, pero dependerá de la información que aporten las jurisdicciones.
Desde el Gobierno sostienen que, tras quince años de vigencia de la ley, aún no se ha completado la determinación de la función hídrica de muchas de las geoformas relevadas. La sesión de este miércoles se perfila como un nuevo capítulo de alta intensidad política, donde el oficialismo buscará consolidar una victoria legislativa mientras la oposición intentará marcarle el ritmo al debate.
