Basavilbaso, Entre Ríos
Judiciales | La Unidad de Información Financiera (UIF) acusó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner de haber encabezado una presunta asociación ilícita destinada a incorporar fondos de origen ilegal al patrimonio familiar. La imputación fue expuesta durante una nueva audiencia del juicio por las causas Hotesur y Los Sauces.
Este viernes concluyó la lectura del requerimiento de elevación a juicio presentado por la UIF, organismo que interviene como querellante en el proceso judicial que tiene entre sus principales acusados a Cristina Fernández de Kirchner, su hijo Máximo y empresarios vinculados a contrataciones con el Estado nacional.
Según la acusación, la sociedad inmobiliaria Los Sauces habría sido utilizada entre 2009 y 2016 para canalizar fondos provenientes de empresas relacionadas con Lázaro Báez y el Grupo Indalo, de Cristóbal López y Fabián De Sousa.
Durante la audiencia, la querella puso especial atención en las operaciones realizadas con las firmas Álcalis de la Patagonia y M&S, vinculadas a López y De Sousa.
La UIF sostuvo que se habrían utilizado contratos de alquiler de inmuebles para justificar transferencias de dinero hacia la sociedad de la familia Kirchner.
De acuerdo con la presentación, algunas de esas operaciones habrían registrado sobreprecios de entre el 100% y el 150% respecto de los valores de mercado.
Para el organismo, los contratos investigados habrían permitido dar apariencia legal a fondos cuyo origen estaría relacionado con beneficios obtenidos mediante contrataciones estatales.
La acusación sostiene que, durante el período investigado, Los Sauces experimentó un importante crecimiento patrimonial a partir de operaciones comerciales con empresarios que mantenían vínculos contractuales con el Estado.
Según la UIF, esas relaciones habrían generado un flujo de dinero cercano a los 26 millones de pesos, que posteriormente habría sido incorporado al patrimonio de la sociedad inmobiliaria.
La querella considera que existió una estructura societaria y financiera destinada a dar apariencia de legalidad a recursos presuntamente obtenidos mediante maniobras de corrupción.
En su presentación, la UIF señaló a Cristina Fernández de Kirchner como presunta jefa de la asociación ilícita y a Máximo Kirchner, quien presidió Los Sauces, como organizador de la estructura investigada.
A la expresidenta también se le atribuyó haber recibido dádivas de Cristóbal López y Fabián De Sousa.
Por su parte, Lázaro Báez fue señalado como presunto organizador de la asociación ilícita y coautor de lavado de activos.
Los empresarios López y De Sousa recibieron acusaciones similares, a las que se agregó el presunto ofrecimiento de dádivas.
El proceso se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal N° 5, que deberá evaluar las pruebas y determinar las responsabilidades penales de los acusados.
Las imputaciones formuladas por la UIF constituyen la posición de la querella y no representan una sentencia ni una determinación definitiva de culpabilidad.
El debate judicial continuará con las próximas audiencias, en las que se profundizará el análisis de las operaciones comerciales y financieras investigadas.
