El Ejecutivo nacional reglamentó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y aceleró la puesta en marcha del plazo de un año de adecuación para que los multimedios se desprendan de señales en caso de que excedan la cantidad máxima permitida. Ante esta medida, los bloques de la oposición pusieron en marcha todo el aparato legal a fin de confeccionar un proyecto para declarar “nulo” o “impugnar” el decreto que reglamentó la norma.