Basavilbaso, Entre Ríos
Judiciales | Una Juez Federal dispuso que Rockhopper y Navitas detengan las obras vinculadas con la explotación de hidrocarburos al norte de las Islas Malvinas. La cautelar regirá hasta que se realice una evaluación de impacto ambiental ante las autoridades argentinas.
La Justicia Federal de Río Grande ordenó detener el avance del proyecto petrolero Sea Lion, que las compañías Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum proyectan desarrollar en aguas próximas a las Islas Malvinas.
La medida cautelar fue dictada por la Juez Federal Mariel Borruto, quien dispuso que las empresas se abstengan de iniciar o continuar las obras materiales relacionadas con el emprendimiento.
La prohibición permanecerá vigente hasta que se realice el correspondiente procedimiento de evaluación de impacto ambiental ante la autoridad argentina competente, o hasta que el juzgado adopte una nueva decisión.
La resolución alcanza a las perforaciones del lecho y subsuelo marino destinadas a la búsqueda y extracción de hidrocarburos.
También comprende la instalación de infraestructura submarina, conductos, líneas de flujo y sistemas de control, además de las unidades flotantes destinadas a la producción, almacenamiento y descarga del petróleo.
La orden incluye el comienzo de la explotación comercial y las obras terrestres y portuarias destinadas a brindar apoyo al emprendimiento.
Sea Lion está proyectado a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas y contempla un desarrollo compuesto por 23 pozos: 16 de producción petrolera, seis para inyección de agua y uno para inyección remota de gas.
La causa se inició a partir de una presentación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Civil de Abogados, Abogadas y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA).
Uno de los argumentos considerados por la magistrada fue que el proyecto ya había superado una instancia meramente preliminar.
Entre los elementos analizados aparecen la decisión final de inversión adoptada en diciembre de 2025, contrataciones de equipamiento y preparativos vinculados con las futuras perforaciones.
Borruto sostuvo que, en esas condiciones, el riesgo que justificaba una intervención preventiva “no es hipotético ni remoto”.
La resolución establece una distinción importante: la cautelar no significa que la Justicia haya determinado que Sea Lion provocará necesariamente un daño ambiental.
El punto central es que, según la documentación incorporada al expediente, no se había realizado ante las autoridades argentinas el procedimiento que permitiera evaluar los posibles efectos ambientales del proyecto y establecer medidas de prevención o mitigación.
El fallo también incorpora la cuestión de la soberanía. Al analizar la presentación del CECIM, la magistrada consideró que el planteo no se limita al aspecto ambiental, sino que involucra además la defensa de la soberanía argentina.
Rockhopper y Navitas tendrán además que presentar información detallada sobre el estado de Sea Lion.
El juzgado les otorgó 10 días judiciales desde su notificación para informar, entre otros puntos, el cronograma de construcción y perforaciones, la ubicación de los pozos, las empresas contratistas y subcontratistas y la estructura societaria utilizada para llevar adelante el proyecto.
También deberán identificar a las entidades vinculadas con el financiamiento y los seguros y aportar estudios ambientales, análisis de riesgos, modelos sobre eventuales derrames y planes de contingencia.
La Juez, sin embargo, no prohibió por el momento de manera general nuevas operaciones financieras relacionadas con Sea Lion, al considerar que una medida de ese alcance podría afectar a terceros cuya participación todavía no está suficientemente determinada.
La cautelar no constituye una sentencia definitiva sobre la responsabilidad de las compañías.
Mientras Argentina sostiene su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, el Reino Unido rechaza la jurisdicción argentina sobre las islas.
