Judiciales | Por unanimidad, el máximo tribunal invalidó dos artículos del DNU de Milei y dispuso que el Estado recupere sus facultades para controlar los aumentos de las cuotas.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró este jueves la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, mediante los cuales el Gobierno de Javier Milei había eliminado los controles estatales sobre los valores de las cuotas de las empresas de medicina prepaga.
La decisión fue adoptada por unanimidad por los Ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes confirmaron parcialmente una sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata.
El pronunciamiento establece que la Superintendencia de Servicios de Salud deberá recuperar las atribuciones de fiscalización y autorización de los incrementos tarifarios contempladas en la Ley 26.682.
Los fundamentos del máximo tribunal
Los magistrados consideraron que el Poder Ejecutivo no acreditó la existencia de circunstancias excepcionales que justificaran modificar mediante un decreto de necesidad y urgencia una legislación sancionada por el Congreso de la Nación.
El Gobierno había fundamentado su decisión en la crisis del sistema sanitario y en la necesidad de mejorar la competitividad del sector mediante la liberalización de los precios.
Sin embargo, para la Corte, esos argumentos resultaron insuficientes para demostrar que la medida no podía ser debatida a través del procedimiento legislativo ordinario.
El reclamo de una afiliada
La causa judicial se originó a partir de la presentación de una afiliada a Swiss Medical, quien cuestionó los incrementos aplicados a su cobertura médica tras la entrada en vigencia del decreto presidencial.
Entre diciembre de 2023 y febrero de 2024, la mujer sufrió un aumento del 110% en su cuota, que pasó de aproximadamente $136.161 a $301.218.
Tras obtener una resolución favorable en segunda instancia, tanto la empresa de medicina prepaga como el Estado nacional recurrieron ante el máximo tribunal.
Qué implica el fallo para los afiliados
La decisión judicial restituye las herramientas de intervención estatal destinadas a verificar que los incrementos tarifarios sean razonables y estén debidamente respaldados por las variaciones de costos de las empresas y los riesgos propios de la actividad.
No obstante, la Corte dejó sin efecto el criterio de la Cámara Federal que establecía que los aumentos debían ajustarse exclusivamente a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Por lo tanto, el fallo no determina un porcentaje máximo de incremento, ni implica una reducción automática de las cuotas o la devolución generalizada de los importes abonados durante el período de desregulación.
El pronunciamiento constituye un revés judicial para el Gobierno nacional y sienta un precedente para otros reclamos vinculados con los aumentos de la medicina privada.
La declaración de inconstitucionalidad se circunscribe a los dos artículos cuestionados y no supone la invalidación de la totalidad del DNU 70/2023.