Política | La Cámara alta sancionó este jueves una profunda actualización del régimen de discapacidad que apunta a consolidar derechos, asegurar la continuidad de las prestaciones, garantizar financiamiento y promover la inclusión laboral.
El Senado de la Nación convirtió en ley este jueves la iniciativa de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, una reforma que procura garantizar la continuidad de las prestaciones, brindar previsibilidad a las familias y asegurar el financiamiento de los servicios de atención.
La iniciativa, que había obtenido un amplio respaldo en la Cámara de Diputados, establece un régimen permanente en reemplazo del esquema de emergencia vigente, cuyo vencimiento está previsto para el próximo 31 de diciembre.
La nueva legislación conserva los principales derechos reconocidos por la normativa vigente e incorpora mecanismos destinados a fortalecer la inclusión laboral, la cobertura sanitaria, la transparencia y la fiscalización de los recursos públicos.
Pensiones y acceso al empleo
Uno de los aspectos más relevantes de la reforma es que mantiene las pensiones no contributivas por discapacidad e invalidez laboral en el equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, con actualizaciones vinculadas a la movilidad previsional.
Asimismo, contempla la posibilidad de que las personas titulares de una pensión por discapacidad puedan desempeñarse en un empleo registrado o desarrollar actividades como monotributistas, siempre que sus ingresos sean inferiores a dos salarios mínimos, vitales y móviles.
En caso de alcanzar o superar ese límite, la pensión quedará suspendida, con la posibilidad de solicitar su rehabilitación cuando cambien las condiciones económicas o laborales.
Garantías para las prestaciones y su financiamiento
La reforma preserva el nomenclador único de prestaciones y establece la actualización periódica y automática de los aranceles que perciben los profesionales y las instituciones dedicadas a la atención de personas con discapacidad.
También contempla la continuidad de la cobertura sanitaria y de los servicios previstos en la Ley 24.901, que regula el sistema de prestaciones básicas de atención integral.
En materia presupuestaria, la legislación obliga a contemplar los recursos necesarios para sostener el sistema y establece mecanismos para evitar que las asignaciones por beneficiario pierdan poder adquisitivo respecto del ejercicio anterior.
Otro de los aspectos centrales es la regularización de las compensaciones adeudadas a los prestadores. El Poder Ejecutivo deberá establecer un cronograma de pagos dentro de los 30 días de entrada en vigencia de la norma y cancelar las obligaciones correspondientes en un plazo máximo de 90 días, para quienes hayan completado los trámites administrativos.
Auditorías y derecho a defensa
La legislación incorpora controles periódicos para verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para acceder y mantener las pensiones.
Ante la detección de eventuales irregularidades, las autoridades deberán notificar a las personas involucradas y garantizarles la posibilidad de presentar sus descargos antes de disponer una suspensión preventiva.
Consenso legislativo y diferencias políticas
Durante el debate, el senador oficialista Agustín Monteverde defendió la transformación del régimen de emergencia en un sistema permanente, al considerar que permitirá brindar mayor estabilidad y previsibilidad a las personas con discapacidad y a los prestadores.
Desde la oposición, las senadoras Alicia Kirchner y Lucía Corpacci cuestionaron las políticas implementadas por el Gobierno nacional en materia de discapacidad y advirtieron sobre la necesidad de garantizar los recursos presupuestarios indispensables para el cumplimiento efectivo de la legislación.
La iniciativa había recibido en octubre el respaldo de 237 diputados, con nueve votos negativos y cuatro abstenciones, reflejando un amplio acuerdo parlamentario pese a las diferencias políticas.
Con la sanción legislativa, el desafío será ahora garantizar la implementación efectiva del nuevo régimen y que las disposiciones aprobadas se traduzcan en respuestas concretas para las personas con discapacidad, sus familias y quienes diariamente trabajan en su atención, rehabilitación e inclusión.