El proyecto suspende por un año el desmonte para que cada jurisdicción defina en ese plazo el concepto de bosque nativo dentro de su territorio, y desde entonces toda tala requerirá autorización expresa de las autoridades jurisdisccionales, que será otorgada luego de un estudio de impacto ambiental.
El coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, manifestó que “ésta es una victoria de la gente, ya que sin las más de un millón cuatrocientas mil firmas que se juntaron y los miles de llamados que se recibieron, los senadores no habrían aprobado la ley”.
El director político de la organización, Juan Carlos Villalonga, sostuvo que “el ordenamiento territorial que establece la ley es esencial para solucionar la emergencia forestal en la que nos encontramos”.
