La iniciativa, impulsada por la oposición, busca utilizar instalaciones ociosas de las Fuerzas Armadas para impartir estudios y enseñar oficios y artes a los interesados que, además, cobrarán un subsidio de tres asignaciones familiares por hijo.
El servicio no podrá durar más de un año y los voluntarios no podrán ser beneficiarios de otros planes sociales de ayuda nacionales o provinciales.
Finalmente, los legisladores también aprobaron por unanimidad un proyecto de Ley para tipificar como delito en el Código Penal la desaparición forzada de personas, con penas de prisión que van de 10 a 25 años, y que podrían llegar a perpetua en el caso de agravantes como la aparición posterior de la víctima muerta o en el caso de que la desaparecida sea una mujer embarazada.
