Basavilbaso, Entre Ríos
Política | El Gobierno nacional presentó ante el Congreso un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional que propone cambios de amplio alcance en materia de defensa, seguridad, inteligencia, política exterior y protección de los recursos estratégicos del país.
La iniciativa surgió en el marco de la disputa por las Islas Malvinas y el avance de actividades vinculadas con la explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur. Sin embargo, el proyecto no se limita a endurecer las sanciones por operaciones no autorizadas en las islas: también plantea una nueva estructura de Seguridad Nacional bajo coordinación presidencial.
Entre sus principales disposiciones aparecen multas calculadas en barriles de petróleo, penas de prisión que podrían alcanzar los 20 años, restricciones económicas, un nuevo Consejo de Seguridad Nacional y un régimen para intervenir frente a aeronaves consideradas irregulares u hostiles.
El proyecto reafirma el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y extiende el alcance de las prohibiciones existentes.
A diferencia del régimen vigente, que está principalmente enfocado en las actividades hidrocarburíferas, la propuesta contempla cualquier explotación no autorizada de recursos naturales, tanto renovables como no renovables.
La regulación alcanzaría también a los espacios marítimos e insulares vinculados con esos territorios y a sectores de la Plataforma Continental Argentina.
Además, las sanciones no recaerían exclusivamente sobre las empresas que realizan directamente la explotación. También podrían alcanzar a compañías, socios, accionistas y proveedores que participen de manera esencial en el financiamiento, logística, asistencia técnica o prestación de servicios necesarios para esas operaciones.
El proyecto establece un régimen de sanciones económicas que contempla multas equivalentes a entre 4.000 y 500.000 barriles de petróleo.
También se prevén suspensiones o cancelaciones de permisos y habilitaciones, además de inhabilitaciones que podrían extenderse entre cinco y veinte años.
Las consecuencias podrían incluir restricciones para contratar con el Estado, revocación de permisos y pérdida de determinados beneficios fiscales o previsionales.
En el plano penal, la iniciativa establece distintas escalas según el tipo de actividad. La prestación consciente de bienes o servicios indispensables para operaciones prohibidas podría recibir penas de entre cinco y siete años de prisión.
Para determinadas actividades de prospección o exploración hidrocarburífera sin autorización se plantean condenas de entre 12 y 15 años, mientras que la exploración o explotación de recursos naturales no renovables podría alcanzar penas de hasta 20 años.
En determinados casos, la extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos podría recibir penas de entre 15 y 20 años.
El proyecto también contempla sanciones para personas jurídicas y habilita, bajo determinadas condiciones, la posibilidad de disponer su disolución.
Uno de los cambios institucionales más importantes es la creación de un Consejo de Seguridad Nacional, que funcionaría como órgano rector de un nuevo Sistema de Seguridad Nacional.
El organismo estaría encabezado por el Presidente de la Nación e integrado de manera permanente por el jefe de Gabinete y los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Economía, además del titular de la Secretaría de Inteligencia de Estado y la Secretaría de Legal y Técnica.
El Presidente podría convocar a otros funcionarios o especialistas cuando los temas tratados así lo requieran.
Entre sus funciones estaría la elaboración de la Política de Seguridad Nacional y la coordinación de las diferentes áreas involucradas.
El proyecto contempla políticas específicas en materia de defensa, economía, diplomacia e inteligencia, que quedarían articuladas bajo los lineamientos generales establecidos por el Consejo.
La iniciativa incorpora herramientas económicas que podrían utilizarse frente a situaciones consideradas riesgos o amenazas graves e inminentes para la Seguridad Nacional.
Entre las medidas previstas figuran restricciones temporales a determinadas operaciones cambiarias, transferencias y pagos bancarios, así como limitaciones a importaciones y exportaciones.
También se contempla la posibilidad de suspender permisos, concesiones o contrataciones y restringir el acceso a determinados créditos, subsidios o beneficios fiscales.
Otra de las herramientas planteadas es la inmovilización o bloqueo de fondos y otros activos que se encuentren bajo jurisdicción argentina.
El proyecto incorpora un procedimiento específico para actuar frente a aeronaves consideradas irregulares u hostiles.
La utilización de la fuerza aparece contemplada como una medida de último recurso, dentro de un esquema progresivo de intervención.
La decisión final para aplicar medidas coercitivas destinadas a impedir la continuidad de un vuelo requeriría una orden expresa del Presidente de la Nación, aunque esa facultad podría ser delegada en el ministro de Defensa.
El Consejo de Seguridad Nacional tendría además un rol de asesoramiento en el proceso.
La iniciativa propone ampliar el concepto tradicional de seguridad y vincularlo con áreas que exceden el ámbito estrictamente militar.
El nuevo Sistema de Seguridad Nacional incorporaría cuestiones diplomáticas, económicas, cibernéticas, jurídicas, militares y de inteligencia, además de la protección de infraestructura crítica y de los recursos estratégicos.
El proyecto menciona principios como la anticipación estratégica, la proporcionalidad, la legalidad, la transparencia, la coordinación y la capacidad de recuperación frente a amenazas.
La propuesta también modifica el enfoque sobre la Defensa Nacional y las funciones de las Fuerzas Armadas.
El texto plantea que las fuerzas deberán estar preparadas frente a riesgos y amenazas externas y contar con capacidades para participar en operaciones militares convencionales y no convencionales.
También contempla su eventual participación en tareas relacionadas con la protección de infraestructura crítica previamente identificada dentro del nuevo esquema de Seguridad Nacional.
Otro de los ejes del proyecto es la creación de un sistema nacional destinado a identificar y proteger instalaciones consideradas estratégicas.
La iniciativa busca incorporar dentro de una misma planificación a sectores vinculados con infraestructura, energía, comunicaciones, tecnología y otros servicios considerados esenciales para el funcionamiento del Estado y de la economía.
La coordinación de estas medidas quedaría vinculada al nuevo Sistema de Seguridad Nacional.
El proyecto plantea una estructura en la que diferentes áreas del Estado trabajen bajo una estrategia común.
Defensa, Cancillería, Economía e Inteligencia tendrían responsabilidades específicas, pero sus políticas quedarían articuladas dentro de los objetivos definidos por el Consejo de Seguridad Nacional.
El Gobierno sostiene que esta coordinación permitiría responder de manera integral frente a amenazas que no necesariamente se presentan como conflictos militares tradicionales.
La iniciativa también incorpora disposiciones vinculadas con la participación o influencia de Estados y organizaciones extranjeras en actividades consideradas sensibles para la Seguridad Nacional.
El objetivo declarado es ampliar las herramientas del Estado para prevenir situaciones que puedan comprometer intereses estratégicos, recursos o infraestructura considerados relevantes para el país.
Aunque la disputa por las Islas Malvinas constituye uno de los principales motivos que dieron origen al proyecto, el contenido de la iniciativa excede ampliamente esa cuestión.
El texto propone modificar aspectos centrales de la arquitectura de seguridad argentina y establecer mecanismos de coordinación permanente entre áreas que hasta ahora funcionan de manera más diferenciada.
De esta manera, la discusión parlamentaria no estará limitada a las sanciones por explotación de recursos en el Atlántico Sur, sino que también abarcará el nuevo esquema institucional de Seguridad y Defensa Nacional.
La propuesta fue enviada al Congreso con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Diego Santilli y los ministros Pablo Quirno, Carlos Presti y Luis Caputo.
A partir de su ingreso al Parlamento comenzará el proceso de análisis legislativo, en el que los distintos bloques podrán introducir modificaciones antes de una eventual aprobación.
El proyecto combina así dos objetivos: reforzar el régimen de sanciones frente a actividades no autorizadas relacionadas con los recursos de las Islas Malvinas y establecer una nueva estructura de Seguridad Nacional con mayores herramientas de coordinación y respuesta ante amenazas externas.
