Basavilbaso, Entre Ríos
Política | El proyecto obtuvo dictamen de mayoría y propone penas de hasta ocho años de prisión para quienes dañen la producción o infraestructura agropecuaria.
La Cámara de Diputados dio un paso importante en el tratamiento de un proyecto que busca incorporar al Código Penal la figura del denominado “vandalismo rural”, con penas específicas para el ingreso no autorizado a campos y para quienes provoquen daños a la producción agropecuaria.
La iniciativa obtuvo dictamen de mayoría durante un plenario de las comisiones de Legislación Penal y de Agricultura y Ganadería. Reunió 41 firmas entre 66 legisladores presentes y quedó en condiciones de ser llevada al recinto de la Cámara baja.
El proyecto es impulsado por el diputado del Pro Martín Ardohain y recibió el acompañamiento de legisladores de La Libertad Avanza, Pro, UCR, Provincias Unidas y otros bloques provinciales. Entre los firmantes del proyecto original aparecen los diputados entrerrianos Alicia Fregonese (Pro) y Francisco Morchio (La Libertad Avanza).
Ingresar sin autorización a un campo podría ser delito
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la incorporación de una figura específica para quien ingrese a un establecimiento rural, terreno o sus dependencias contra la voluntad de quien tenga derecho a impedir el acceso.
Para esos casos se establece una pena de un mes a un año de prisión. La voluntad de impedir el ingreso podría quedar expresada mediante alambrados, cercos, tranqueras, muros o carteles que indiquen la prohibición de acceder al establecimiento.
Hasta ocho años por daños a la producción
Las sanciones serían considerablemente mayores cuando exista destrucción o daño sobre la producción o infraestructura rural. El proyecto contempla penas de dos a ocho años de prisión, además de multas, cuando se afecte directamente el ciclo productivo, las materias primas o instalaciones de un establecimiento agropecuario.
La protección alcanzaría, entre otros bienes, a cereales y oleaginosas sin cosechar o almacenados, silobolsas, ganado, plantaciones, alambrados, tranqueras, silos, corrales, sistemas de riego, bombas de agua, generadores y paneles solares vinculados a la actividad productiva. También se contemplan agravantes para determinadas circunstancias.
El debate ahora puede llegar al recinto
Ardohain sostuvo durante el tratamiento que “la legislación penal mantiene una mirada predominantemente urbana y que es necesario brindar una protección específica frente a hechos que afectan al interior productivo”.
Desde sectores de la oposición hubo cuestionamientos. Legisladores de Unión por la Patria y del Frente de Izquierda presentaron dictámenes propios y plantearon objeciones sobre los alcances de la modificación. El dictamen obtenido representa un avance legislativo, pero las nuevas penas todavía no están vigentes.
El proyecto deberá ser aprobado por la Cámara de Diputados y posteriormente continuar su tratamiento en el Senado antes de poder convertirse en ley.
