En el texto también se establece un límite máximo para una misma persona o empresa extranjera de 1.000 hectáreas en la zona núcleo (el sector más productivo de la pampa húmeda) o de una extensión equivalente en el resto del país.
En esta iniciativa entran las personas físicas extranjeras que no tengan domicilio real en la Argentina y las personas jurídicas cuyo capital social en proporción sea superior al 51 por ciento.
El proyecto también crea el Registro Nacional de Tierras Rurales en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Consejo Interministerial de Tierras Rurales, presidido por Justicia e integrado por las carteras de Agricultura, Defensa, Interior, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y representantes de todas las provincias.