Basavilbaso, Entre Ríos
Política | La defensa de la expresidente formalizó una presentación ante el Comité de Derechos Humanos y pidió suspender la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La defensa de Cristina Fernández de Kirchner avanzó este martes con una presentación ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) para cuestionar la condena dictada en la causa Vialidad y solicitar la suspensión de la inhabilitación perpetua que le impide ejercer cargos públicos.
La expresidenta fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La sentencia quedó firme en junio de 2025, luego de que la Corte Suprema rechazara el recurso presentado por su defensa.
Actualmente, Fernández de Kirchner cumple la pena bajo la modalidad de prisión domiciliaria.
Los abogados de la exmandataria sostienen que durante el proceso judicial se habrían vulnerado garantías reconocidas por tratados internacionales, entre ellas el derecho al debido proceso y a ser juzgada por un tribunal imparcial.
El planteo ante Naciones Unidas no constituye una nueva instancia de apelación de la causa Vialidad dentro de la Justicia argentina. La estrategia busca que el organismo internacional analice si el proceso judicial respetó los estándares establecidos por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Entre las medidas solicitadas se encuentra la suspensión de la inhabilitación perpetua mientras se resuelve la cuestión de fondo. De prosperar esa petición y producir posteriormente efectos en el ámbito judicial argentino, podría modificarse la situación jurídica que actualmente le impide presentarse como candidata.
El planteo adquiere relevancia política de cara a las elecciones nacionales de 2027. La inhabilitación vigente impide actualmente que Cristina Kirchner pueda competir por un cargo electivo.
Su abogado Rafael Valim señaló que la defensa trabaja para que el caso pueda ser examinado durante una próxima sesión del Comité de Derechos Humanos.
Una eventual resolución favorable del organismo internacional no implicaría por sí sola la anulación automática de la condena. La defensa podría utilizar ese pronunciamiento para impulsar posteriormente un pedido de revisión ante los tribunales argentinos.
La condena contra Fernández de Kirchner fue confirmada por la Corte Suprema de Justicia en junio de 2025. El máximo tribunal dejó firme la pena de seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La defensa cuestionó durante el proceso la imparcialidad de los magistrados y denunció presuntas vulneraciones al debido proceso. Esos planteos fueron rechazados en las distintas instancias de la Justicia argentina.
Con las vías judiciales internas agotadas, los abogados de la expresidenta recurrieron al sistema internacional de protección de derechos humanos. Ahora será el Comité de Naciones Unidas el encargado de analizar el planteo presentado por la defensa.
