Basavilbaso, Entre Ríos
Judiciales | La remoción del magistrado fue impulsada por el entonces Presidente Néstor Kirchner en 2003. La Corte Interamericana consideró que se vulneró la independencia judicial y ordenó indemnizaciones por 655.000 dólares.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró la responsabilidad internacional del Estado argentino por la destitución del exjuez de la Corte Suprema de Justicia Eduardo Moliné O’Connor, quien fue removido mediante un juicio político desarrollado en el Congreso Nacional en 2003, durante la presidencia de Néstor Kirchner.
La sentencia, dictada el 20 de agosto de 2026 y notificada este jueves 12 de noviembre, concluyó que el procedimiento vulneró garantías fundamentales de la independencia judicial, al haberse utilizado los criterios jurídicos expresados por el magistrado en sus fallos como fundamento para separarlo del cargo.
Moliné O’Connor integraba la Corte Suprema desde agosto de 1990. Su destitución fue aprobada por el Senado el 3 de diciembre de 2003, en medio de un proceso de renovación del máximo tribunal impulsado políticamente por el entonces Presidente Néstor Kirchner.
Kirchner había reclamado públicamente al Congreso que avanzara con la remoción de integrantes de la Corte Suprema, cuya composición era objeto de fuertes cuestionamientos.
En ese contexto, la Cámara de Diputados formuló nueve acusaciones por supuesto mal desempeño contra Moliné O’Connor, relacionadas con decisiones judiciales adoptadas en las causas "Meller S.A.", "Magariños" y "Macri".
Sin embargo, el Senado dispuso finalmente su destitución sobre la base de dos cargos vinculados con el expediente "Meller S.A.", en el que se cuestionaba la decisión de la Corte de no revisar un laudo arbitral impugnado por el Estado.
Al analizar el caso, la Corte Interamericana determinó que el Congreso argentino no había acreditado conductas ilícitas deliberadas ni negligencia inexcusable por parte del magistrado.
Por el contrario, consideró que su remoción estuvo fundada en el desacuerdo de los legisladores con la interpretación jurídica sostenida por la mayoría de la Corte Suprema.
El tribunal internacional recordó que los jueces no pueden ser sancionados por sus votos u opiniones emitidos en ejercicio de sus funciones, salvo situaciones excepcionales debidamente acreditadas.
En ese sentido, aclaró que el juicio político constituye un mecanismo constitucional legítimo, pero su aplicación debe respetar las garantías del debido proceso y no puede convertirse en una herramienta de presión política sobre el Poder Judicial.
La sentencia también señaló irregularidades en el desarrollo del juicio político.
Entre ellas, destacó que el Senado rechazó recusaciones formuladas contra legisladores sin brindar fundamentos suficientes y dispuso la suspensión preventiva del magistrado, sin goce de haberes, sin justificar adecuadamente la necesidad y proporcionalidad de esa decisión.
La Corte IDH también cuestionó la ausencia de una revisión judicial efectiva de la destitución.
En junio de 2004, la Corte Suprema argentina rechazó la impugnación presentada por Moliné O’Connor sin examinar suficientemente los planteos relacionados con la imparcialidad de los legisladores y los fundamentos de su remoción.
Para el tribunal interamericano, cuando una destitución judicial es cuestionada por afectar la independencia de los magistrados, debe existir la posibilidad de un control judicial efectivo sobre el respeto de las garantías constitucionales y convencionales.
Como consecuencia de las violaciones acreditadas, la Corte Interamericana ordenó al Estado argentino afrontar reparaciones económicas por un total de 655.000 dólares.
La suma comprende 600.000 dólares por daño material, en concepto de lucro cesante; 25.000 dólares por daño inmaterial; y 30.000 dólares correspondientes a costas y gastos judiciales.
Las indemnizaciones por daños deberán distribuirse entre la esposa y los hijos del exmagistrado, mientras que el monto destinado a costas y gastos corresponderá a sus representantes legales.
Además, el tribunal ordenó regularizar la situación previsional vinculada con la pensión vitalicia que correspondía a Moliné O’Connor, incluyendo los eventuales derechos de sus beneficiarios.
La medida deberá contemplar efectos desde el 20 de agosto de 2014, fecha del fallecimiento del exjuez, aunque para ese concepto no se estableció una cifra determinada.
La Corte IDH dispuso también que Argentina publique y difunda el fallo y su resumen oficial a través de medios de comunicación y sitios institucionales, incluidos los correspondientes a la Corte Suprema, el Congreso Nacional, el Ministerio de Justicia y la ANSeS.
Asimismo, estableció que las autoridades nacionales deberán interpretar y aplicar el artículo 53 de la Constitución, referido a las causales de juicio político, de acuerdo con los estándares internacionales sobre debido proceso, independencia judicial y derechos políticos.
La resolución constituye un pronunciamiento de relevancia institucional sobre los límites del poder político frente a la independencia del Poder Judicial.
A más de dos décadas de la destitución impulsada durante la presidencia de Néstor Kirchner, la Corte Interamericana concluyó que el Estado argentino vulneró derechos fundamentales de Moliné O’Connor y deberá reparar las consecuencias de aquel procedimiento.
El fallo establece que la facultad constitucional del Congreso para remover magistrados no lo exime de respetar las garantías judiciales ni autoriza a sancionar a un juez simplemente por el contenido de sus decisiones jurisdiccionales.
