Judiciales | El Tribunal Oral Federal N° 2 dispuso nuevos embargos sobre bienes vinculados a los condenados en la causa. Entre los inmuebles alcanzados está el departamento de San José 1111, donde la expresidenta cumple prisión domiciliaria. La medida no implica por ahora una subasta ni modifica la titularidad del inmueble.
El Tribunal Oral Federal N° 2, encargado de ejecutar la condena de la denominada causa Vialidad, ordenó nuevos embargos preventivos y medidas cautelares sobre inmuebles y otros bienes vinculados a los condenados.
Entre los bienes alcanzados se encuentra el departamento de San José 1111, donde Cristina Fernández de Kirchner cumple actualmente prisión domiciliaria.
El inmueble pertenece a Los Sauces S.A., sociedad inmobiliaria vinculada a la familia Kirchner, y forma parte de los activos sobre los cuales la Justicia busca avanzar para garantizar el recupero del dinero fijado en concepto de decomiso, establecido en $685.000 millones.
Desde el Tribunal aclararon que el embargo tiene como objetivo impedir la disposición jurídica de los bienes mientras continúa el proceso para determinar el decomiso definitivo. La medida no significa una subasta inmediata ni modifica, por ahora, la titularidad registral de las propiedades.
Una nueva etapa del decomiso
La decisión forma parte de una segunda etapa de ejecución patrimonial. En una primera instancia habían sido alcanzados 111 inmuebles, entre propiedades vinculadas a la familia Kirchner, bienes pertenecientes a Lázaro Báez y otros condenados.
Ahora, el TOF 2 avanzó sobre un segundo grupo integrado por 144 bienes, entre inmuebles y vehículos, además de participaciones accionarias en distintas sociedades.
También fueron incluidos en esta etapa US$5 millones que Florencia Kirchner tenía depositados en una caja de seguridad bancaria.
Los Jueces fundamentaron la extensión de las medidas en las conclusiones de la sentencia de Vialidad, que determinó la existencia de una conexión económica y comercial entre empresas de Lázaro Báez y negocios de la familia Kirchner durante el período investigado, entre 2003 y 2015.
Según el Tribunal, empresas vinculadas a Báez alquilaron, explotaron turísticamente y realizaron construcciones en hoteles y propiedades de la familia Kirchner, tanto en forma directa como a través de Los Sauces S.A. y Hotesur S.A.
La Justicia sostiene que esa operatoria permitió que parte del dinero proveniente del delito quedara incorporado a activos de esas sociedades.
Mientras la Corte Suprema de Justicia analiza planteos vinculados con el primer grupo de bienes, el TOF 2 continúa con esta segunda etapa destinada a asegurar los activos que podrían quedar alcanzados por el decomiso.
