Política y Economía | El Gobierno nacional prepara un nuevo esquema para avanzar con la participación privada en la red vial. El Ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que enviará al Congreso un proyecto para incentivar inversiones en rutas mediante la eliminación de impuestos nacionales, provinciales y municipales.
La propuesta contempla la incorporación de otros 6.000 kilómetros de rutas nacionales al esquema de concesiones y busca que las empresas privadas encuentren mayores incentivos para hacerse cargo de la construcción, mantenimiento y conservación de los corredores. “Todo lo que sean nuevas inversiones en rutas, vamos a proponer que sea a cero impuestos, nacional, provincial y municipal”, señaló Caputo durante el evento “Vientos de Cambio”, organizado por la Fundación Libertad y Progreso.
El ministro explicó que el objetivo es reducir el costo de los proyectos, generar condiciones más atractivas para el capital privado y acelerar las inversiones necesarias en infraestructura vial. Inicialmente, Caputo había hablado de unos 5.000 kilómetros, pero luego precisó que el nuevo esquema alcanzaría a 6.000 kilómetros.
El Gobierno necesitará el respaldo de las provincias. La propuesta no dependerá solamente de una decisión del Gobierno nacional. Como contempla también la eliminación de impuestos provinciales y municipales, el Ejecutivo deberá alcanzar acuerdos con gobernadores e intendentes. Caputo se mostró confiado en conseguir el acompañamiento de las provincias y sostuvo que existe coincidencia respecto de la necesidad de aumentar las inversiones destinadas a la infraestructura vial.
El proyecto forma parte de la estrategia del Gobierno de trasladar progresivamente al sector privado la operación, el mantenimiento y la conservación de corredores viales nacionales mediante concesiones de largo plazo. En ese marco, la administración nacional ya adjudicó alrededor de 9.000 kilómetros de corredores viales, con contratos que tienen una duración de 20 años. La denominada Etapa III incluye rutas que atraviesan, entre otras provincias, a Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tucumán, Corrientes, Mendoza, Misiones y Chaco.
El estado de las rutas vuelve a estar en el centro de la discusión. El anuncio se conoce mientras crecen los cuestionamientos por el estado de numerosas rutas nacionales y por la reducción de la obra pública. También permanece abierta la discusión sobre el destino de los fondos recaudados a través del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). La normativa establece que el 28,5% de lo recaudado por ese impuesto debe destinarse al mantenimiento de la infraestructura del transporte nacional, mientras que el 14,25% corresponde específicamente a la red vial.
Un informe del Instituto Argentina Grande cuestionó el nivel de ejecución de esos recursos y estimó que los fondos que no habrían sido utilizados equivaldrían al mantenimiento de unos 9.148 kilómetros de la red vial nacional.
El estudio también señaló que el peso del impuesto a los combustibles sobre el precio de la nafta súper pasó del 8,9% en noviembre de 2023 al 18,6% en julio de 2026. Según esa investigación, la Dirección Nacional de Vialidad podría haber dispuesto de unos 1,35 billones de pesos adicionales si se hubiera ejecutado la totalidad de los recursos asignados a través del impuesto, sin necesidad de recurrir a transferencias extraordinarias del Tesoro.
Caputo cuestionó las críticas. En medio de estos cuestionamientos, Caputo defendió la política del Gobierno y apuntó contra la gestión anterior. “Verlos criticar me parece cómico”, afirmó el Ministro durante su exposición, al responder a quienes responsabilizan a la actual administración por el deterioro de la infraestructura vial.
El Gobierno apuesta así a que el capital privado tenga un rol cada vez mayor en la construcción, mantenimiento y conservación de las rutas nacionales, mientras reduce la participación directa del Estado en la obra pública. Ahora, la discusión llegará al Congreso. Allí deberá debatirse no solamente el nuevo esquema de concesiones, sino también el alcance de las exenciones impositivas y el acuerdo que el Gobierno deberá alcanzar con provincias y municipios para que los beneficios tributarios puedan aplicarse en todos los niveles.
