Política | Londres publicó una guía para asistir a las empresas vinculadas con la explotación de recursos en las islas. La Cancillería argentina rechazó el documento y advirtió que profundizará las sanciones.
El Gobierno del Reino Unido respaldó a las empresas que desarrollan actividades comerciales y explotan recursos naturales en las Islas Malvinas, en respuesta a las nuevas medidas impulsadas por la Argentina.
Londres publicó una guía destinada a compañías y particulares que hacen negocios en el archipiélago, suministran bienes o servicios o participan directa o indirectamente en su economía.
El documento, titulado “Doing business with the Falkland Islands”, constituye la primera respuesta oficial británica al endurecimiento de las sanciones anunciado por el Gobierno de Javier Milei.
El Gobierno británico afirmó que apoyará las actividades económicas que considere legítimas y defendió la explotación de los recursos naturales, incluidos los hidrocarburos.
También sostuvo que la legislación argentina no tendría aplicación sobre las islas ni sobre las empresas vinculadas con negocios desarrollados en el archipiélago.
Esa posición contradice el reclamo histórico de soberanía de la Argentina y desconoce las medidas adoptadas para impedir la explotación de recursos sin autorización nacional.
La guía recomienda a las empresas que reciban notificaciones o amenazas de acciones legales argentinas buscar asesoramiento jurídico independiente.
Además, ofrece la intervención de la Oficina de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo ante compañías que enfrenten presiones en terceros países por sus actividades relacionadas con las islas.
La Cancillería argentina expresó su “más enérgico rechazo” al documento y reafirmó que las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes forman parte del territorio nacional.
El Gobierno sostuvo que esos territorios se encuentran ilegítimamente ocupados por el Reino Unido y reiteró que las actividades comerciales y extractivas necesitan autorización argentina.
La respuesta también cuestionó el proyecto hidrocarburífero Sea Lion, impulsado por la compañía británica Rockhopper Exploration y la empresa israelí Navitas Petroleum en la Cuenca Malvinas Norte.
Según la posición argentina, esas actividades vulneran la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que pide evitar modificaciones unilaterales mientras permanezca pendiente una solución a la disputa.
El Gobierno argentino informó que envió alrededor de 180 notas de advertencia a personas y empresas radicadas en 30 países.
También inició 60 procedimientos administrativos y presentó tres denuncias penales que alcanzan a diez compañías y a sus directivos.
Las medidas contemplan restricciones para aquellas empresas que pretendan operar en el territorio continental argentino, incluso en sectores estratégicos como Vaca Muerta.
La Cancillería advirtió que recurrirá a todas las vías administrativas, diplomáticas, judiciales e institucionales disponibles contra quienes participen de la explotación de recursos naturales sin autorización nacional.
La publicación británica profundizó la tensión diplomática entre ambos países en torno a la explotación petrolera y pesquera en el Atlántico Sur.
Mientras el Reino Unido reivindica el principio de autodeterminación de los habitantes de las islas, la Argentina reclama la reanudación de las negociaciones bilaterales de soberanía conforme a las resoluciones de las Naciones Unidas.
Pese al nuevo cruce, el Gobierno argentino reiteró su disposición a mantener un diálogo constructivo con Londres para avanzar hacia una solución pacífica de la disputa.