Basavilbaso, Entre Ríos
Judiciales | La Juez dejó sin efecto la condena millonaria contra Argentina. Sin embargo, Burford busca que la Corte Suprema revise el fallo.
La Juez federal de Nueva York, Loretta Preska, cerró formalmente el expediente de primera instancia por la expropiación de YPF y dejó sin efecto la sentencia que obligaba a la Argentina a pagar más de 16.000 millones de dólares.
La resolución representa un nuevo paso procesal favorable para el país, aunque la disputa judicial todavía no terminó, ya que la Corte Suprema de Estados Unidos deberá decidir si acepta revisar el caso a pedido del fondo Burford Capital.
La decisión de Preska responde al fallo emitido el 27 de marzo de 2026 por la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que revocó la condena dictada en 2023.
En aquella oportunidad, dos de los tres magistrados consideraron que la jueza había aplicado incorrectamente la legislación argentina al resolver la demanda.
Desde la Procuración del Tesoro de la Nación explicaron que el cierre del expediente era un procedimiento esperado y que no representa una nueva sentencia sobre el fondo del conflicto. Se trata de la formalización de lo dispuesto por el tribunal de segunda instancia.
La Corte Suprema tendrá la última palabra sobre la revisión. Pese al cierre dispuesto por Preska, Burford Capital mantiene su intención de revertir el fallo favorable a la Argentina. El fondo presentó un recurso ante la Corte Suprema estadounidense para solicitar que revise la decisión que anuló la millonaria indemnización.
El máximo tribunal deberá determinar si acepta o rechaza el pedido. En caso de no intervenir, quedará firme la resolución de la Cámara de Apelaciones que dejó sin efecto la condena.
Si acepta analizarlo, se abrirá una nueva etapa en el litigio.
La presentación no garantiza que los Jueces estadounidenses revisen el expediente, ya que la Corte tiene la facultad de seleccionar los casos que considera pertinentes. Tampoco existe una fecha definida para conocer su decisión.
Por su parte, el Gobierno argentino aseguró que continuará trabajando en la estrategia judicial para sostener el fallo favorable al Estado.
El origen del juicio millonario por YPF
El conflicto judicial comenzó tras la expropiación del 51% de las acciones de YPF en 2012, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
Los demandantes sostuvieron que el Estado argentino incumplió el estatuto de la petrolera al no realizar una oferta pública de adquisición para los accionistas minoritarios.
En 2023, Preska falló a favor de los demandantes y estableció una indemnización de aproximadamente 16.100 millones de dólares, que posteriormente superó los 18.000 millones con los intereses acumulados.
Sin embargo, la Cámara de Apelaciones revirtió esa resolución en marzo de 2026, al considerar que la interpretación de la legislación argentina utilizada en primera instancia era incorrecta.
En junio, el mismo tribunal rechazó un nuevo intento de revisión impulsado por Burford, por lo que el fondo acudió a la Corte Suprema de Estados Unidos como última instancia de apelación.
Mientras tanto, también continúa una controversia paralela ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo vinculado al Banco Mundial.
