Basavilbaso, Entre Ríos
Judiciales | Los demandantes buscan que el máximo tribunal revise el fallo que dejó sin efecto la condena contra la Argentina por US$16.100 millones. La Corte deberá decidir primero si acepta intervenir.
El extenso litigio internacional por la expropiación de YPF sumó un nuevo capítulo.
Los demandantes respaldados por Burford Capital acudieron a la Corte Suprema de Estados Unidos para intentar revertir la sentencia de segunda instancia que favoreció a la Argentina y dejó sin efecto una condena por US$16.100 millones más intereses.
La presentación fue realizada el miércoles 30 de septiembre, cuando vencía el plazo disponible para recurrir al máximo tribunal estadounidense.
El planteo corresponde a Petersen Energía y Eton Park, cuyos reclamos son financiados o cuentan con participación económica de Burford Capital.
Buscan revertir el fallo de marzo
El objetivo es que la Corte Suprema revise la decisión adoptada el 27 de marzo de 2026 por la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos.
Ese Tribunal revirtió la sentencia que había dictado en primera instancia la Juez Loretta Preska, quien en 2023 había responsabilizado al Estado argentino por incumplir disposiciones del estatuto de YPF durante el proceso de expropiación realizado en 2012.
La condena contra el país superaba los US$16.000 millones, una de las mayores sumas establecidas en un litigio comercial contra la Argentina.
Sin embargo, dos de los tres integrantes del tribunal de apelaciones consideraron que la sentencia de primera instancia se había basado en una interpretación incorrecta de la legislación argentina y dejaron sin efecto la condena.
Posteriormente, los demandantes solicitaron que el pleno de la Cámara revisara aquella decisión, pero ese planteo también fue rechazado en junio.
Qué plantea Burford
Los demandantes cuestionaron con dureza la decisión del Segundo Circuito. En la presentación ante la Corte Suprema, sostuvieron que el fallo fue “gravemente erróneo, totalmente sin precedentes y de consecuencias extremadamente relevantes”, según la documentación judicial difundida tras la presentación.
El planteo sostiene que la Cámara de Apelaciones otorgó un peso incorrecto a la legislación argentina para resolver un litigio tramitado durante más de una década ante tribunales estadounidenses.
El conflicto tiene su origen en la estatización del 51% de YPF realizada en 2012. Los demandantes sostienen que, al tomar el control de la petrolera, el Estado argentino debía haber realizado también una oferta pública para adquirir las acciones de los accionistas minoritarios, de acuerdo con disposiciones incluidas en el estatuto de la compañía.
Ese argumento había sido aceptado originalmente por Preska, pero posteriormente fue rechazado por la mayoría de la Cámara de Apelaciones.
La Corte Suprema debe decidir si acepta el caso
La presentación no implica que la Corte Suprema de Estados Unidos vaya a analizar automáticamente el fondo de la disputa.
Los demandantes presentaron un pedido de certiorari, mecanismo mediante el cual solicitan formalmente al máximo tribunal que revise una decisión adoptada por una instancia inferior.
Ahora serán los integrantes de la Corte quienes deberán resolver si aceptan o rechazan intervenir. No existe un plazo determinado para que se conozca esa decisión.
La Corte estadounidense recibe miles de solicitudes de este tipo durante cada período judicial y solamente una parte reducida llega a ser analizada por el máximo tribunal.
Argentina prepara su defensa
La Procuración del Tesoro de la Nación confirmó que esperaba una presentación de estas características y que trabaja desde hace meses en la estrategia para sostener el fallo obtenido en segunda instancia.
Si la Corte Suprema decide no tomar el expediente, permanecerá vigente la resolución del Segundo Circuito que dejó sin efecto la condena multimillonaria.
En cambio, si acepta revisar el caso, comenzará una nueva etapa en la que la Argentina deberá defender nuevamente su posición ante el máximo tribunal estadounidense.
Un litigio que lleva más de una década
La controversia judicial comenzó después de la expropiación del 51% de YPF en 2012 y atravesó las administraciones de Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei.
Burford adquirió derechos económicos vinculados con los reclamos de sociedades que habían sido accionistas de YPF y financió buena parte del litigio.
Tras el fallo favorable a la Argentina de marzo, los demandantes decidieron agotar las alternativas disponibles dentro del sistema judicial estadounidense.
En paralelo, también avanzaron con acciones ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo de arbitraje vinculado al Banco Mundial.
La disputa por YPF, por lo tanto, todavía permanece abierta, aunque la Argentina llega a esta nueva instancia con la sentencia de segunda instancia a su favor.
