Basavilbaso, Entre Ríos
Judiciales | Quince estados y territorios de Estados Unidos presentaron un escrito ante la Corte Suprema de ese país para respaldar a Petersen Energía y Eton Park en su intento de que el máximo tribunal revise el fallo que benefició a la Argentina en el litigio por la expropiación de YPF.
El prolongado litigio judicial por la expropiación de YPF sumó un nuevo capítulo en Estados Unidos. Un grupo de 15 estados y territorios norteamericanos presentó un escrito ante la Corte Suprema para respaldar a los fondos demandantes, que buscan revertir la sentencia que dejó sin efecto una condena de 16.100 millones de dólares contra la Argentina.
La presentación, encabezada por el estado de Missouri, fue realizada bajo la figura de amicus curiae, un mecanismo que permite a terceros interesados aportar argumentos jurídicos sin convertirse en parte directa del proceso.
Los fiscales generales que suscribieron el documento cuestionaron la decisión de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, que el pasado 27 de marzo revocó la sentencia dictada en 2023 por la jueza Loretta Preska.
El argumento de los estados estadounidenses
Los firmantes sostienen que la resolución favorable a la Argentina podría establecer un precedente que permita a otros gobiernos extranjeros ampararse en sus propias legislaciones para evitar responder ante los tribunales estadounidenses.
En particular, cuestionan la interpretación de la Ley de Inmunidad Soberana de Estados Unidos y consideran que el criterio utilizado por la Cámara de Apelaciones podría afectar futuros litigios contra otros países.
Para fundamentar su postura, mencionaron antecedentes de demandas impulsadas contra China por cuestiones vinculadas con la pandemia de coronavirus.
Una disputa por miles de millones de dólares
El conflicto se originó con la expropiación del 51% de las acciones de YPF, concretada en 2012 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.
Los antiguos accionistas minoritarios sostuvieron que el Estado argentino debió realizar una oferta pública de adquisición por las restantes acciones de la petrolera, conforme a las disposiciones de su estatuto.
En septiembre de 2023, la jueza Loretta Preska hizo lugar al reclamo y condenó a la Argentina a pagar 16.100 millones de dólares, una cifra que posteriormente aumentó por la acumulación de intereses.
Sin embargo, en marzo de 2026, la Cámara de Apelaciones revocó aquella resolución al considerar que los reclamos no tenían sustento bajo la legislación argentina aplicable al caso.
La decisión representó una importante victoria judicial para el país, aunque los fondos demandantes, respaldados por Burford Capital, resolvieron recurrir ante la Corte Suprema estadounidense.
La posición argentina
Desde la defensa argentina se sostiene que la Cámara de Apelaciones actuó dentro de sus competencias y resolvió la controversia aplicando el derecho argentino, correspondiente a una sociedad constituida en el país.
En ese sentido, especialistas cuestionaron los argumentos de los fiscales estadounidenses y señalaron que el tribunal no evitó pronunciarse sobre la demanda, sino que analizó sus fundamentos y terminó rechazándolos.
La Argentina obtuvo una prórroga hasta el próximo 2 de diciembre para presentar su respuesta al pedido de revisión formulado por los demandantes.
Qué puede ocurrir ahora
La Corte Suprema de Estados Unidos deberá decidir si acepta revisar el expediente. La presentación de los 15 estados no modifica por sí misma la sentencia favorable a la Argentina ni implica que el máximo tribunal vaya a intervenir.
Si la Corte rechaza el recurso, quedará firme la resolución que dejó sin efecto la condena millonaria. En cambio, si acepta analizar el caso, se abrirá una nueva instancia judicial cuyo resultado todavía resulta incierto.
Paralelamente, Burford Capital impulsa una estrategia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo vinculado al Banco Mundial.
De esta manera, pese al importante triunfo obtenido por la Argentina en la Cámara de Apelaciones, el conflicto por YPF continúa abierto y mantiene la incertidumbre sobre sus posibles consecuencias económicas y judiciales.
