"Responsabilidades compartidas"

El informe final de la Comisión Bicameral investigadora del hundimiento del submarino ARA San Juan, revelado en las últimas horas señala "responsabilidades compartidas" de los altos mandos de la Armada y endilgó al Ministerio de Defensa "un inadecuado manejo de la emergencia durante las horas críticas" posteriores a la desaparición de la nave. Los integrantes de la Bicameral parlamentaria sostuvieron en su informe final de 170 páginas, que el origen del hundimiento fue "una avería producida el 14 de noviembre de 2017, a las 23:42 por el ingreso de agua de mar al sistema de ventilación" que "originó un principio de incendio en el balcón de barras de baterías del tanque de baterías número 3". Ese incendio, según el reporte en el que se recabaron medio centenar de testimonios, fue el que provocó la "implosión" posterior del ARA San Juan, hallado a 900 metros de profundidad un año después de su hundimiento. En las conclusiones obtenidas por los legisladores, esa "avería" fue "subestimada por todos los altos mandos" de la Armada. El texto endilgó responsabilidad política al Ministerio de Defensa, a cargo de Oscar Aguad, en el manejo de la crisis y en un supuesto "retaceo" y "falta de contención" a los familiares de las víctimas en las horas posteriores a la pérdida de contacto con el submarino. Los legisladores del oficialismo firmaron "en disidencia" el informe. Los miembros de las bancadas de Cambiemos en el Senado y en Diputados se retiraron del Congreso apenas terminó la conferencia de prensa, excepto el diputado oficialista Luis Petri, que explicó por qué tomaron la decisión de no respaldar el informe. La Comisión está integrada por 12 legisladores y 5 expertos en submarinos y navegación. De ese número sólo cuatro legisladores son oficialistas, que quedaron en minoría frente al resto firmaron "en disidencia". "Firmamos en disidencia porque no compartimos la visión que tiene el dictamen de la mayoría respecto de las responsabilidades políticas en este caso del ministro de Defensa, Oscar Aguad -que todos saben había asumido hacia dos meses su cartera- pero fundamentalmente porque la normativa es muy clara respecto a las responsabilidades operacionales que existen a la hora de la conducción de los instrumentos militares: hay una disposición -el Decreto 1.691 de 2016- época del kirchnerismo, donde dice que el Estado Mayor Conjunto de las fuerzas será el órgano responsable del empleo de los medios militares en tiempo de paz y que para tal propósito ejerce el control funcional y también operacional", planteó Petri, y en ese sentido agregó que "en este caso dependía de (Marcelo) Srur", ex Jefe de la Armada, que fue desplazado de su cargo varios meses después del hundimiento del submarino en el Atlántico Sur. Para los dirigentes del oficialismo el ministro Aguad no solo desplegó un operativo de proporciones para dar asistencia a los familiares sino que concurrió dos veces a dar informes a la comisión, donde respondió el interrogatorio de los legisladores y las recriminaciones de los familiares de las víctimas, "sin ningún tipo de restricción". El informe parlamentario también responsabilizó al Comandante de la Fuerza de Submarinos Claudio Villamide, al que acusó de no haber "asumido la gravedad de la avería" ni "evaluó correctamente sus implicancias" así como tampoco "alertó a su superior". Los legisladores también señalaron al entonces Jefe del Estado mayor de la Armada Marcelo Srur al indicar que "recibió información en forma tardía y no transmitió al poder político en forma detallada y completa". El resto del informe, que es el corolario de un año y medio de audiencias de la comisión pero que no tiene correlato con la causa penal ya que sólo menciona las responsabilidades políticas, añadió las deficiencias presupuestarias y de capacitación de los miembros de la Armada. El Diputado oficialista Luis Petri (Cambiemos) cuestionó en diálogo con la prensa que durante un año "se le haya exigido sin razón una premura" a la comisión Bicameral que establezca responsabilidades cuando en la causa penal no se determinó aún ninguna responsabilidad penal. El informe mencionó "un sinnúmero de factores" como desencadenantes del naufragio en el que 44 tripulantes perdieron la vida en aguas del mar Argentino, cuando el submarino cubría el trayecto de Ushuaia a Mar del Plata, el 15 de noviembre de 2017.