Diputados rechazó por mayoría el juicio político contra Mizawak

La sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados que trató el pedido de juicio político contra la Presidente del STJ, tal como estaba previsto, terminó en el rehazo del planteo, a diferencia de lo ocurrido con el Vocal -suspendido- del máximo organo judicial, Carlos Chiara Díaz. El oficialismo bloqueó el enjuiciamiento de la magistrada y -aunque numéricamente no lo necesitaba- contó con el apoyo del bustismo, un gesto que confirma el acercamiento de cara a las elecciones de 2017 y es tal vez una respuesta al llamado del Gobernador Gustavo Bordet “para que vuelvan todos quienes quieran participar nuevamente”. Sobre el final de extensa exposición -de dos horas y media- del miembro informante de la comisión de Asuntos constitucionales, juicio político y peticiones, Diego Lara, que motivó un pedido de ajuste al reglamento desde Cambiemos, el oficialismo pasó a detallar los argumentos por los que rechazó la presentación del grupo de abogados integrado, entre otros, por María Emma Bargagna, Rubén Pagliotto, Guillermo Mulet, Luís Leissa, Jaime Martínez Garbino y Emilio Martínez Garbino. A Mizawak se la acusaba por viajes y abandonos excesivos de la jurisdicción, falta de control en el otorgamiento de viáticos y licencias; participación en sociedades comerciales con Sergio Urribari y Raúl Arroyo, lo que deriva en una incompatibilidad con el ejercicio de la magistratura, manipulación de la causa Arralde y tráfico de información, cobro de sobresueldos e incumplimiento de las obligaciones de Superintendencia que le cabían como máxima autoridad del STJ en cuanto al reaguardo de las armas que, estando bajo custodia directa del poder Judicial, fueron sustraídas y comercializadas en el mercado negro. Uno de los puntos en los que más claramente quedó en avidencia las irregularidades cometidas por la funcionaria fue la la realización de viajes casi permanente y el cobro de viáticos indebidos. El dictamen del oficialismo, que pareció más destinado a realizar una defensa de Mizawak, que a realizar un análisis rigusoso de las denuncias y las pruebas producidas, estuvo cargado de inconsistencias. Entre otras afirmaciones, Lara sostuvo que la presidenta del STJ “no superó el promedio del resto de sus colegas en cuanto a licencias y ausencias”, que dejó constancia de sus viajes en cada caso “como reales comisiones de servicio, a diferencia de Chiara Díaz”. Sin embargo, no hubo respuesta del oficialismo a una serie de situaciones mencionadas en el dictamen de minoría y resaltadas en la sesión por la diputada Gabriela Lena, que daban cuenta de groseras maniobras como la supuesta firma de sentencias mientras se encontraba fuera del país o la provincia. Por ejemplo, sobre una demanda contra el Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) el 144 de mayo de 2015, siendo que Mizawak recibió viáticos para viajar a Neuquén entre el 13 y el 15 de mayo. También llamó la atención la firma de cinco sentencias el 30 de septiembre de 2015 -cuatro en demandas contra el Iosper y una contra la municipalidad de Villaguay- “cuando la magistrada se hallaba en España desde el 25 de septiembre de 2015 hasta su regreso el 12 de octubre del mismo año”. En cuanto a la causa por las armas sustraidas de Tribunales, irregularidad que salió a la luz por el hallazgo de algunas de ellas en la comisión de nuevos delitos, el oficialismo negó que implicara un imcumplimiento de las funciones de Superintendencia y que fue producto del accionar de “empleados infieles”, por lo que “no se puede atribuir mal desempeño”. Desde el bloque Cambiemos, advirtieron que, en su carácter inventario de armas, de presidenta del STJ, Mizawak es la máxima autoridad del tribunal de Superintendencia y le atribuyeron el mal desempeño de sus funciones “al no haber adoptado los recaudos tendientes a evitar un hecho de la magnitud y gravedad de lo ocurrido donde desde este tribunal se ha suministrado ilegalmente armas a personas ligadas al hampa, evidenciando falta de control” y, contrariando la defensa de Lara sobre la supuesta imposibilidad de ejercer un control total de las acciones de los “empleados infieles”, la Diputado María Viola hizo referencia a una nota enviada por una empleada del poder Judicial a la acusada en la que informaba haber tomado conodimiento de la sustracción de armas a través de terceros. “Es cierto que es muy difícil controlar a los empleados pero si el espacio físico donde los elementos secuestrados funciona dentro del mismo lugar donde la doctora ejerce su función no cuenta con la seguridad mínima, personal suficiente ni capacitado, no existía un inventario de armas actualizado, no hay informe periódico de control de gestión de los objetos secuestrados, el espacio físico no contaba con puertas y ventanas con diseño adecuado para la seguridad, control de ingreso por sistema biométrico ni registro digital de ingreso por huella dactilar, monitoreo con cámaras de seguridad ni sistema de alarmas”, dijo la legisladora que consideró estos elementos como básicos para un control adecuado. Tras aseverar que “ninguno de los hechos denunciados y endilgados a la actual presidenta del STJ poseen asidero fáctico y probatorio que nos permitan siquiera presumir la existencia de conductas irregulares atribuibles a la doctora Claudia Mizawak que puedan ser consideradas como causales de mal desempeño en sus funciones”, por lo cual el dictamen del oficialismo, impuesto por mayoría frente al rechazo por Cambiemos y el Diputado massista Alejandro Bahler, dispuso desestimar el pedido de juicio político “por no existir mérito para la acusación”. Fuente: AIM.