Miércoles 27 de Agosto de 2014, 10:20

El oficialismo avanza con su iniciativa de reformar la Ley de Abasteci

| Las leyes que el Poder Ejecutivo envió al Congreso obtuvieron dictamen de mayoría, al término de un plenario de comisiones del Senado Nacional, por lo que podrán ser debatidas en el recinto de sesiones el miércoles 3 de septiembre.

Las iniciativas recibieron el respaldo de los legisladores del Frente para la Victoria y de fuerzas aliadas que integran las comisiones de Asuntos Constitucionales, Derechos y Garantías, Presupuesto y Hacienda, Industria y Comercio y Justicia y Asuntos Penales. Antes de pasar los proyectos a la firma, el secretario de Justicia de la Nación, Julián Álvarez, anunció la instrumentación de una serie de modificaciones en el articulado de las iniciativas que, según indicó, fueron sugeridas por entidades empresarias como la Cámara Argentina de Comercio, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa y asociaciones de defensa del consumidor. La reforma a la Ley de Abastecimiento propone un marco regulatorio para las relaciones de producción, construcción, procesamiento, comercio y consumo sustentado en la “constitucionalidad de las acciones de intervención estatal para evitar abusos y la apropiación indebida del excedente de la cadena de valor”, sostiene el proyecto. Entre las modificaciones anunciadas por Álvarez está la eliminación de la Secretaría de Comercio como autoridad de aplicación, dejando en manos del Poder Ejecutivo la potestad de poner en marcha la norma. El proyecto mantiene la determinación de que la autoridad de aplicación designada por el Ejecutivo pueda “intervenir en estados previos de la cadena de valor, sin contacto directo con el consumidor, fijando márgenes de utilidad, precios de referencia, así como niveles máximos y mínimos de precios”. En el nuevo articulado se excluye a las micro, pequeñas y medianas empresas del alcance de la Ley “siempre que no detenten una posición dominante en el mercado”. Otro de los cambios fue eliminar como una de las sanciones a quienes violen la ley la “clausura definitiva” de la “unidad económica”. Asimismo, la autoridad de aplicación deberá requerir “previamente autorización judicial” para aplicar sanciones como la “inhabilitación especial” o la “clausura temporal”. Lo que sí contempla la iniciativa es la autoridad de aplicación de clausura inmediata de hasta tres días en casos de incumplimientos de la norma. En el caso de querer extender esa sanción por hasta un mes, deberá existir un pronunciamiento de la justicia en tal sentido. Álvarez señaló que la Cámara Argentina de Comercio sugirió modificar el artículo según el cual la autoridad de aplicación podría obligar a producir a una empresa aún a riesgo de pérdida económica. En ese sentido, aclaró que esa facultad de mantiene pero que los empresarios podrán “pedir una compensación justa y oportuna”. Finalmente, se consideró “inconveniente” obligar a las empresas a difundir sus costos y ganancias, pero no las exceptúa de brindar esa información a la Secretaría de Comercio que la mantendrá en secreto. También obtuvo dictamen otro de los proyectos enviados: el que propone la creación del Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios, como un organismo técnico para asistir a la Secretaría de Comercio en el monitoreo, relevamiento y sistematización de precios y la disponibilidad de insumos, bienes y servicios comercializados y prestados en el país. En tanto, la tercer iniciativa que obtuvo dictamen hoy es la que crea un nuevo fuero en la justicia nacional que debe encausar y dar solución a las controversias originadas en el ámbito de las relaciones de consumo al impulsar la creación de un Servicio de Conciliación de las Relaciones de Consumo; una Auditoría en las Relaciones de Consumo y la Justicia Federal y Nacional en las Relaciones de Consumo. “Hubo un cambio estructural y central” en los proyectos, destacó el jefe del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Ángel Pichetto, antes de firmar los respectivos dictámenes. “Tal cual como estaba, la norma diseñada iba a ser de interpretación abierta”, argumentó para defender los cambios oficializados por Álvarez. El radical Gerardo Morales anunció que su bloque iba a apoyar en general la creación del nuevo fuero nacional, pero que mantenía su oposición al Observatorio de Precios y a la reforma a la Ley de Abastecimiento. “Le siguen poniendo discrecionalidad al Poder Ejecutivo”, exclamó Morales, aunque elogió “los cambios positivos para eliminar abitrariedades”. Por último, el socialista Rubén Giustiniani consideró positiva la idea de la “intervención del Estado en la regulación de la economía”, pero precisó que “esta no es la herramienta adecuada para abordar la complicada situación de la economía nacional”. Fuente: Télam.