El proyecto solicita al Poder Ejecutivo nacional que en sus negociaciones con la República Oriental del Uruguay plantee que la implementación de las medidas tendientes a evitar cambios en el balance ecológico del Río Uruguay, conforme fuera ordenado por la Corte Internacional de Justicia de la Haya, en la causa: “Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay)”, contemple las siguientes acciones:

A) Coordinación de las mismas a cargo de la CARU;

b) Monitoreo y vigilancia conjunta de la planta de Botnia - UPM desde su interior y al inicio de su actividad de producción, con amplias facultades de inspección;

c) Participación en el control y monitoreo coordinado por la CARU de técnicos y especialistas con reconocida competencia;

d) Presentación pública de informes cuatrimestrales de los resultados del control, rindiendo cuentas de lo actuado.

e) Se garantice al público el acceso irrestricto a los informes y conclusiones del monitoreo.

Además peticiona al Poder Ejecutivo nacional que no criminalice la protesta social del pueblo de Gualeguaychú, desistiendo de su condición de parte querellante y actor civil en la causa donde se investiga la responsabilidad penal de los asambleístas y manifestantes por el corte de la Ruta internacional 136.