El pedido fue hecho por el presidente del radicalismo, Gerardo Morales, y respaldado por las otras bancadas opositoras. Para habilitar esa votación, necesitaba el apoyo de al menos dos tercios de los presentes.

Más temprano, Cameron sostuvo que “entre el 95 y el 96 por ciento” de los usuarios a los que les llegó la suba “están en condiciones de pagar por su mayor consumo”. Según argumentaron él y los otros funcionarios, el incremento impacta casi exclusivamente en personas de clase alta y media alta.

La oposición, en cambio, los consideró “desmedidos e injustos” y reclamó que se derogue el Decreto 2067/08 que autorizó los cargos adicionales.